El Gobierno elige los invitados del programa "6, 7, 8"

El contrato con la productora fija que un funcionario de Medios examina los contenidos y puede cambiarlos.

domingo, 04 de julio de 2010
El Gobierno elige los invitados del programa "6, 7, 8"

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Acostumbran a criticar a sus colegas, se jactan de decir lo que piensan, son jocosos cuando descalifican a los que piensan distinto.

Pero si al Gobierno no le gusta un invitado o no está conforme con la edición de un video, el programa que se ocupa de denigrar al periodismo tiene que cambiar sus contenidos o directamente no sale al aire. Así lo establece el contrato que firmó la productora que conduce Diego Gvirtz, "responsable" (entre comillas) del ciclo ultrakirchnerista "6, 7, 8".

"La productora considerará de buena fe los aportes efectuados por el personal del Sistema Nacional de Medios y acogerá sus sugerencias con respecto al contenido de cada uno de los capítulos y su realización", dice el punto 2 del contrato, que no hace ningún esfuerzo en disfrazar las órdenes o actos de censura previa. Las sugerencias, está dicho, son para ser cumplidas.

El programa "6, 7, 8" se emite por Canal 7 todas las noches (menos los sábados) y se caracteriza por su crítica sistemática a quienes no piensen como el gobierno de Cristina Kirchner y una denigración permanente al periodismo, al que se coloca en el supuesto arco opositor.

La Radio y Televisión Argentina (RTA), que agrupa a todo el sistema mediático oficial, hasta ahora fue conducido por el cineasta Tristán Bauer. Fue él quien firmó los contratos con la productora (en total, cuatro), que establecen los pagos -por más de 11 millones de pesos al año- y el control de contenidos.

En el punto 2 de todos los documentos está la cláusula de la "supervisión", que establece que la RTA está "autorizada a examinar las grabaciones, las ediciones, cualquier grabación de sonido, pistas de sonido, imágenes? y cualquier otro material". Hasta ahí, cierta lógica de los medios, que tienen derecho a decidir qué se publica y qué no.

Pero este contrato va mucho más allá. Establece que Bauer designa a una persona de su confianza, una especie de delegado o comisario político, al que la productora le debe permitir y "garantizar el acceso a todas las locaciones y estudios de post-producción". También puede "asistir a las principales reuniones de producción".

¿Hay más? Sí. La productora está obligada por contrato a informarle al canal quiénes serán sus invitados y a cambiarlos si al canal no le agradan.

La censura ya se hizo visible, al menos una vez, en julio de 2009, cuando el programa tuvo una repentina interrupción, justo cuando los panelistas hablaban sobre las sospechas sobre el patrimonio de los Kirchner. De pronto, la señal cambió a un partido de voley.

A pesar de tener bajo rating (apenas ha superado alguna vez los tres puntos de audiencia), el ciclo se destaca entre todos los del canal, un canal público que debe garantizar más que ningún otro la diversidad de opiniones.

El eje son pequeños videoclips editados y conversaciones amables entre los panelistas fijos y los invitados (esos que debe aprobar el canal), sin consultar jamás a las voces a las que se critica.

Como show televisivo, no resulta casual que haya sido Jorge Rial, el zar del chisme, quien difundió los contratos la última semana. Ni las autoridades de Canal 7 ni la productora desmintieron la información.

Otro punto de interés en los contratos son los costos que tiene el programa para el Estado. El ciclo se inició como una propuesta de 13 programas, pero luego se fue extendiendo en el tiempo y en la cantidad de salidas al aire.

También los costos, que aumentaron a un ritmo vertiginoso. Para los primeros programas, se le pagó a la productora 20 mil pesos por cada emisión. En otro contrato, ya para el ciclo de este año, se decidió pagar mucho más: 760 mil pesos más IVA por mes (a 30 mil pesos por programa), además de 50 mil pesos por cada uno de los programas emitidos los domingos.

Esto significa que, de mantenerse durante todo el año, la productora cobrará 11.520.000 pesos del Estado.

De acuerdo al contrato, la productora debe hacerse cargo, además de la edición de los videos y la contratación de los técnicos, de los sueldos del conductor Luciano Galende (ex periodista de Canal 13) y los columnistas Orlando Barone (ex Clarín y La Nación), Sandra Russo (ex Radio Mitre y Página12), Carla Czudnowsky (ex Telefé y Canal 13), Cabito Masa Alcántara y Carlos Barragán (con un largo paso por Radio Mitre).

La primera conductora del ciclo, María Julia Oliván, lo abandonó acusando la "radicalización" del programa.

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