Bochazo para la mujer que allanó al ex fiscal Martearena

Eduardo Martearena dejó su cargo al ser ascendido a camarista.(Archivo / Los Andes)

Gonzalo Villatoro

En el último mes el poder Ejecutivo remitió a la Legislatura provincial el pliego de 10 candidatos para cubrir las vacantes en el sistema Judicial. Sin embargo, las necesidades imperantes en uno de los tres poderes del Estado, no evitaron que dos postulantes quedaran en el camino y uno fue el caso de María Virginia Rumbo.

La joven fiscal sustituta que tomó notoriedad por haber ordenado un allanamiento en las oficinas de los fiscales de Delitos Complejos, no pasó el cedazo de la Cámara alta en la sesión de acuerdos que se realizó el martes. La abogada obtuvo 20 bolillas negras sobre un total de 35 legisladores presentes. Ahora deberá esperar dos años más para volver a postularse.

Además de todas las hipótesis que se pueden tejer en relación a la votación y la incidencia que tuvo entre los legisladores el allanamiento, dentro del análisis previo también entró en juego los años de experiencia para cubrir un cargo de ese calibre.

Aparentemente, sus 30 años de edad y apenas 5 de ejercer la profesión no fueron considerados suficientes para que ocupe una fiscalía de Instrucción, en la primera circunscripción judicial.

El caso por el cual tomó gran trascendencia Rumbo, mientras se desempeñaba como fiscal sustituta de la Capital, se remonta a setiembre del año pasado y generó un gran malestar y disconformidad en el ámbito oficial y judicial.

La orden de Rumbo de allanar las oficinas de la Fiscalía de Delitos Complejos se basó en una denuncia contra el ex fiscal especial Eduardo Martearena, actualmente camarista, por presunta falsificación de instrumento público.

La intención era detectar si en los equipos de la unidad fiscal se confeccionó una falsa denuncia, que luego le sirvió a Martearena para detener y procesar a un empleado de una estación de servicios en una causa que seguía por el mal uso de vales de combustible de la policía.

Los peritos revisaron computadoras, notebooks, escritorios y hasta la fotocopiadora de la dependencia pero al final de la jornada, la maniobra arrojó resultados negativos.

El detalle, es que el procedimiento que ordenó Rumbo también involucró a los otros dos fiscales de Delitos Complejos, Daniel Carniello y Claudia Ríos.

El corolario de esta situación, es que toda la movida se produjo en medio de otra investigación a cargo de Martearena: el escándalo por el subsidio estatal de $315.000 a una empresa privada para que organice el recital de los Fabulosos Cadillacs.
 
En ese entonces, el ex fiscal intentaba establecer si hubo fraude en perjuicio del Estado mendocino y entre los principales implicados aparecían funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.