Dos fiscales enfrentados con un empresario por la venta de una pileta

El objeto. Este modelo de pileta es el que ha generado la confrontación. (Los Andes)

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Rolando López - rlopez@losandes.com.ar

Desde hace unos meses, un expediente judicial que llegó a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado ha generado cierta curiosidad en el mundo judicial. El escrito hace referencia al conflicto entre el empresario de la firma cordobesa Indusplast llamado Gustavo Lozano y dos fiscales: Marcelo Gutiérrez del Barrio y Hernán Ríos.

Gutiérrez del Barrio hace las veces de denunciante de Lozano (lo acusa de estafa); mientras que a Ríos le cabe la tarea de investigar el hecho. Lozano dice que ambos son amigos y que lo que no quieren es pagarle los 10 mil pesos que Gutiérrez del Barrio le debe. Para los dos fiscales el empresario es un estafador y dicen que lo demostrarán.
 
Lo que llama la atención en el mundillo judicial es lo ínfimo del monto (10 mil pesos) para una causa que lleva casi un año y medio y en la que las partes (y el Estado) han gastado mucho más dinero que el que hay en litigio. Por eso algunos lo llaman, socarronamente "el caso de la pileta".

El suceso llegó hasta la misma Legislatura, donde fue visto por la Comisión de Derechos y Garantías del Senado. Algunos de los legisladores que han leído el escrito no dudan en calificarlo como "un claro caso de abuso de poder". (ver aparte). Mientras que los dos fiscales aludidos aseguran que lo que se investiga es una estafa lisa y llana llevada adelante por un empresario.

El caso

Para comprender la madeja de esta caso hay que remontarse a enero de 2008, cuando el fiscal Gutiérrez del Barrio fue al negocio de Lozano (que queda en ruta Panamericana), para concretar la compra de una pileta de natación.

Entre enero y febrero de ese año, fiscal y comerciante pactaron la negociación de la pileta, por la cual Gutiérrez del Barrio pagaría veinte mil pesos, la mitad por anticipado y el resto con la piscina colocada en su casa del country Vistalba. Pero cuando llegó la pileta, Gutiérrez del Barrio notó que estaba rota; algo que le hizo saber a Lozano.

Según el expediente, Gutiérrez del Barrio denunció a Lozano ante la fiscalía de Hernán Ríos por estafa genérica, ya que cuando se comprobó que la pileta estaba rota "el empresario desapareció y no había modo de encontrarlo", dice en el escrito.

De ese modo, Gutiérrez del Barrio dejó en poder de Ríos tres cheques con los que cancelaría los diez mil pesos restantes, y el fiscal de Luján envió un escrito al Banco Río (sucursal Arístides Villanueva) para que esos cheques no fueran entregados.

Entretanto, en medio de la denuncia, Lozano declaró que si bien la pileta vino con fallas, fue cambiada por una nueva, algo que, según el empresario, "nunca dijo Gutiérrez del Barrio en su declaración ante Ríos".

Desde entonces -hace más de un año-, el fiscal y el empresario dieron lugar a un litigio que no culmina aún. Gutiérrez del Barrio afirma que Lozano lo estafó mientras que Lozano asegura que Gutiérrez del Barrio lo que no quiere hacer es pagarle la pileta.

En su faceta judicial, el expediente de las estafas se encuentra virtualmente estacionado a causa del paro judicial, y lo último que se agregó fue una apelación acerca de lo decidido por el juez de Garantías, Carlos Benegas; este requerimiento lo llevó adelante el abogado defensor de Lozano, Fernando Peñaloza. El fiscal Gutiérrez del Barrio, por su parte, cuenta con los servicios del letrado Pérez Videla.

¿Abuso de poder?

Mientras el expediente por la pileta ganaba fojas y sumaba tiempo por distintos despachos judiciales, el empresario Lozano comenzó a sospechar de que lo que ocurría en su contra no era otra cosa que una persecución por haber enfrentado al Poder Judicial.

Por eso acudió a la Cámara de Senadores, más precisamente a la Comisión de Derechos y Garantías. El empresario dijo en su momento que "el hecho de litigar contra un fiscal no me va a amedrentar".

En ese sentido, hay algunos elementos que para los legisladores de Derechos y Garantías podrían encuadrar en esa hipótesis persecutoria.
 
"Una es el llamado de atención que el procurador general, Rodolfo González, le hace al fiscal Ríos, en el que le sugiere que 'ajuste estrictamente su proceder a las normas procesales, a efectos de evitar situaciones como las que motivan estas actuaciones, bajo apercibimiento de aplicar sanciones pertinentes'", según se lee en el expediente.

En coincidencia con esta idea, en el expediente Fiscal contra Lozano aparecen otros elementos que hicieron despertar las sospechas de los senadores, por más que el pedido en la Legislatura no prosperara.

"Uno de las supuestas irregularidades la constituye la declaración que hizo ante el fiscal Ríos uno de los empleados de Lozano que colocó la pileta en cuestión, a quien sometieron a un interrogatorio de más de cincuenta preguntas. O el pedido que el fiscal Ríos hizo a Delitos Económicos para que investigara a Lozano. O el pedido que se hizo ante la AFIP para que controlara los movimientos de dinero del empresario", dijo a este diario la ex senadora Cristina Herades.

"Es un mentiroso"

Para el fiscal Ríos sí es una extrañeza que un caso de los denominados "menores" lleve tanto tiempo.

"La verdad es que no sé lo que pretende el imputado (por Lozano). En mi despacho se comprobó en más de una vez que mintió y que mandó testigos que se contradecían. Si hemos llegado hasta este punto es por sus acciones. Ha cambiado muchas veces de abogado, ha ido a la Legislatura donde tiene senadores amigos y no ha demostrado nada todavía. También ha ido a la prensa y nunca le publicaron nada", contó Ríos.

En sintonía con su colega, el denunciante Gutiérrez del Barrio no ahorró tinta a la hora de defenestrar a Lozano: "Es un comerciante corrupto. Por más que sea un poderoso empresario que viva en Palmares -algo que se encarga de decir a cada momento- yo no le tengo miedo. Su caso fue el de una estafa consumada y ahora, como sabe que va a perder, anda por ahí tratando de desprestigiarme. Y si él quiere que el expediente avance, que su abogado deje de presentar chicanas a cada rato".

El expediente sigue su curso y los involucrados llevan gastado -entre abogados, peritajes y presentaciones- más que los 10 mil pesos: algo así como cinco piletas.