El presidente de facto que decretó la “autoamnistía”

Agencia Télam

Reynaldo Benito Antonio Bignone quiso garantizar que la democracia no pudiera juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y en su retirada sancionó varios decretos que culminaron en una "autoamnistía".

Elegido el 2 de junio de 1982 por el generalato tras la derrota en la guerra de Malvinas para suceder a Leopoldo Fortunato Galtieri, Bignone se propuso administrar una salida "democrática" que debía iniciarse en 1984, pero debió adelantarla un año a fuerza de protestas generalizadas.

En esa transición sancionó, el 23 de marzo de 1983, la ley 22.924, bautizada de inmediato como "autoamnistía" pese a un pretendido equilibrio que declaraba "extinguidas" las acciones penales emergentes de actos "terroristas o subversivos".

La norma decretaba la caducidad de toda persecución penal de los delitos generados desde el Estado y las fuerzas armadas "cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado".

Estableció que esa prescripción alcanzaba "a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes y a los delitos militares conexos".

Un mes después, Bignone firmó el decreto 2726/83 de destrucción de documentos de la represión, de modo que no quedaran archivos que constituyeran pruebas del terrorismo del Estado cometido.