El Gobierno sigue acelerando la inflación

Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes -cavagnaro@arlinkbbt.com.ar

Cristina Fernández de Kirchner está comenzando a pagar las deudas que le dejó su antecesor en el cargo, o sea, su marido, Néstor Kirchner. Cuando el ex Presidente terminó su mandato ya se vislumbraba una situación de inflación reprimida por efecto de políticas seudo-populares de mantener congelados precios de servicios públicos y controlados los precios de algunas materias primas, con el fin de mantener estables los precios en el mercado interno.

Pero el ex presidente cometió un pecado irreparable al no advertir que sus políticas no admitían inflación. Esto significaba que el gasto público no podía desbordarse ni tenía sentido recalentar la economía que, naturalmente podía crecer sola al 6% anual. Néstor quería tasas chinas y así tuvimos años de crecimiento al 9%.

Todo eso era posible porque el mundo jugaba a nuestro favor. Las tasas más bajas de la historia, en ese momento, convivían con precios de materias primas en niveles récord, mientras el Banco Central (BCRA) mantenía devaluada la moneda en momentos que,  su vez, el dólar se devaluaba. Esto generaba ventajas cambiarias que se tradujeron en niveles de exportaciones muy elevados.

Pero mientras tanto, Kirchner juntaba basura bajo la alfombra. La situación de los precios de los servicios iba a estallar por cualquier lugar. En el caso del gas, explotaron por la caída de la producción y la necesidad de importar a precios que triplican los valores que se les pagan a  los productores en el mercado interno. La diferencia la paga el Estado.

Cuando asume Cristina, Néstor en las sombras sigue siendo el ministro de economía real que no admite que lo contradigan. Y siguió empujando la situación hasta niveles que ya son insostenibles. Cuando la inflación se desató, hacia fines de 2006, entendió que la manera de corregir el problema era retocando los índices oficiales y desde marzo del 2007 se comienzan a bifurcar los caminos de la inflación oficial y la real.

Lo cierto es que la aceleración inflacionaria está directamente relacionada con la escalada del gasto público que ha venido creciendo muy por encima de los ingresos, lo que ha generado niveles de déficit muy abultados, que hoy se calculan , con generosidad, en $ 50.000 millones, aunque algunos estudios proyectan el déficit a los $ 90.000 millones.

Según el informe mensual del Instituto Argentino de ejecutivos de Finanzas (IAEF), en 2009 los ingresos crecieron un 19% mientras los gastos primarios lo hicieron un 35%. A su vez, el resultado financiero, después del pago de deudas, elevó el déficit a 9,9% en 2008, pero saltó a un escalofriante 16,3% en 2009.

Dado que la Argentina no tiene créditos en el mercado internacional, la única manera de financiarlo era con créditos tomados de diversos organismos públicos, emisión monetaria y algunas ayudas, como la transferencia de las ganancias del Banco Central.

El panorama no cambia

Para el 2010 el panorama tiende a hacerse cada vez más negro. La expansión del gasto está prevista en 35% y la proyección de los ingresos prevé un 23%, por eso es que no es de extrañar que las proyecciones inflacionarias (de la inflación real)  ya se ubiquen en niveles de entre 23 y 25%.

Para esto basta ver la evolución de la base monetaria, que es la cantidad de billetes y monedas más los depósitos a la vista. Esta base monetaria creció entre setiembre y febrero un 31%, lo que nos habla de una elevada tasa de creación de recursos monetarios que están alimentando la inflación.

Pero además, el Gobierno contribuyó con pagos extras de aguinaldo y la asignación por hijo, que inyectaron una gran cantidad de circulante y permitió desde una temporada de vacaciones muy fuerte hasta un alza inesperada del consumo en los supermercados.

La falta de plata y las reservas

Con este panorama no es alocado pensar que la única alternativa que el Gobierno tiene es echar mano de las reservas, pero la cifra de U$S 6.500 millones no le alcanza para financiar un déficit de $ 90.000 millones. El problema es grave por la conducta fiscal del Gobierno y podría decirse que el uso de las reservas es la única salida. El problema generado ha sido, sobre todo, la forma que eligió el Gobierno para su utilización.

Las provincias, a su vez, quieren que les coparticipen el impuesto al cheque, lo que agravaría la situación fiscal. Un estudio presentado por Luciana Díaz Frers, del Cippec, explica que es la peor solución, ya que solo le agregaría recursos a las provincias en un 12% pero manteniendo los niveles de desigualdad actuales, con lo cual se agravarían las distorsiones, porque las provincias con mayor cantidad de población siguen recibiendo menor cantidad de recursos por habitante.
 
Además considera que este impuesto es tan distorsivo, que en lugar de repartirlo habría que derogarlo.

Posiblemente, la única salida posible que debería estudiarse es la devolución a las provincias del 15% de coparticipación que cedieron en su momento para financiar a la Anses y al Pami. Estos organismos hoy son superavitarios. También deberían reconsiderarse los $ 30.000 millones que se gastan en subsidios a los servicios públicos o los $ 5.000 millones anuales con los cuales se asiste a Enarsa o a Aerolíneas Argentinas.

Evidentemente, el Gobierno está ante un problema. La inflación está presionando sobre el tipo de cambio. Si el Gobierno no frena el gasto y mantiene a raya los precios se enfrentará a otro problema: o se le revalúa el tipo de cambio, con la consiguiente pérdida de competitividad,  o se convalida una devaluación mayor de la moneda, lo que aceleraría la inflación.

El Gobierno viene haciendo propaganda de su política contraria a los ajustes, pero la inflación, en lo niveles proyectados, es el ajuste más salvaje que se puede hacer, cuyo único beneficiario es el Estado y algunos empresarios amigos que hacen buenos negocios, pero lo pagan los asalariados y los jubilados.