Avanza proyecto oficial que limita pago a jueces

Gonzalo Villatoro - gvillatoro@losandes.com.ar

El congelamiento de lo que cobran por antigüedad los jueces a partir de los 60 años ya tiene media sanción. El proyecto nació a partir de los sucesivos desencuentros que ha tenido el gobierno de Celso Jaque con la Justicia y es consecuente con la aspiración constante de reformar el Poder Judicial.

El detalle particular es que el mismo día que el Gobernador desechó el insistente pedido de incremento presupuestario (31 millones de pesos) que reclamaba Alejandro Pérez Hualde, presidente de la Suprema Corte de Justicia ("no hay un peso más", dijo), en la Legislatura, los senadores daban el voto positivo a la norma.

La media sanción de la Cámara alta, que ayer ingresó a Diputados y sorprendió por el silencioso trámite de aprobación que había tenido, modifica el artículo 9 de la Ley Nº 4322 y propone congelar el cómputo del adicional por antigüedad a los magistrados o funcionarios judiciales equiparados a partir de los sesenta años.

Es decir que si al llegar a esa edad un juez que lleva 30 años trabajando en Tribunales, se le seguirá pagando la antigüedad por esos años, sin contar los que sume con posterioridad.

El argumento oficial para adoptar esa decisión está sutentato en que el adicional es una parte sustancial de los haberes que crece año tras año y por lo tanto tiene alto impacto cuando deciden finalmente jubilarse y, en muchos casos, no se jubilan para seguir engrosando sus haberes.

Además consideran que no redunda en una mayor eficiencia en la prestación del servicio público de justicia. Por lo tanto, se considera que la modificación impulsada contribuye a que quienes deseen continuar en la magistratura al amparo de la garantía de inamovilidad que consagra el Artículo 151 de la Constitución de la Provincia lo hagan en virtud de su vocación de servicio, y no ante la expectativa de un incremento automático de sus remuneraciones por el sólo hecho de acumular años de servicios.

El senado peronista Luis Ruzo defendió el proyecto remitido desde Casa de Gobierno y la media sanción que obtuvo en el Senado al asegurar que "es una ley que les conviene a todos, bueno a todos los ciudadanos", expresó con un toque de ironía. De acuerdo al jefe del bloque justicialista, "esta ley sirve para que no se queden en los cargos indefinidamente".

En el mismo sentido opinó Aníbal Rodríguez, jefe de la bancada cobista. "Esto favorece el recambio (de magistrados) y promueve así la renovación en el Poder Judicial", manifestó.

En tanto, el senador demócrata Aldo Giordano consideró que "más allá de que la norma nos guste" en términos legales "es inconstitucional y apenas salga la van a rechazar".

En su visión como hombre del derecho, el acuerdo que selló Jaque en 2008 con los magistrados por el cual se estableció que los salarios de los magistrados tendrán correlato con los haberes que se perciben en la justicia federal, será un impedimento sustancial.

"Se pactó en su momento algo que tiene fuerza de ley y ahora el proyecto que se aprobó viene a modificarlo. No es legal", explicó.

"El desconocimiento del derecho pulula en los asesores del Gobierno", disparó Giordano.

Dentro del paquete de leyes que elaboró el Ejecutivo y reconoce como autor intelectual al secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, se incluye, además, la instrumentación de un mecanismo para evaluar periódicamente el desempeño de los magistrados del Poder Judicial y funcionarios equiparados.

También un proyecto que obliga a las dependencias judiciales que no hayan alcanzado las metas fijadas en la ley a concurrir durante los días de feria judicial de julio para cumplir tareas atrasadas, sin derecho a licencia compensatoria.

Precisamente este último expediente ya está en estudio en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta y tiene pedido de "preferencia con despacho" para que sea tratado apenas baje al recinto.