Cuba y los derechos humanos

La muerte de un disidente cubano, luego de mantener una huelga de hambre de 85 días, pone nuevamente en el tapete la terrible situación por la que atraviesan todos aquellos que no coinciden con el régimen implementado por los hermanos Fidel y Raúl Castro y obliga a la comunidad internacional a insistir en los planteos para lograr una definitiva y verdadera democratización en la isla.

Orlando Tamayo Zapata, un albañil de 44 años, era miembro del movimiento opositor Alternativa Republicana y estaba reconocido por Amnistía Internacional como "preso de conciencia". Tamayo sufrió una pena de 18 años por desacato y desorden público, pero su condena fue duplicada por "desorden en establecimientos penitenciarios". En la cárcel, sufrió "múltiples golpes y torturas" que le provocaron heridas graves, lo que motivó que debiera ser sometido a una cirugía de emergencia por un coágulo en el cerebro.

 No es el primer caso de muerte por huelga de hambre de un condenado en Cuba. Anteriormente había sucedido lo mismo con Pedro Luis Boitel, detenido en 1961, quien, tras cumplir una condena de diez años que le había impuesto la Justicia, vio cómo su cautiverio se prolongaba, por lo que inició un ayuno de protesta en demanda de su excarcelación.

Murió en la prisión de Castillo del Príncipe, tras una huelga de hambre de 53 días. La lista se extiende a otros presos disidentes, entre los que se destaca un opositor que permaneció 17 años en prisión, durante los cuales realizó por lo menos cinco huelgas de hambre, las que repitió una vez en libertad para reclamar el final del maltrato a los presos.

Tamayo Zapata no constituía ningún peligro político para el régimen castrista. No era un activista importante y quizás por ello las autoridades cubanas le restaron importancia a su actitud. Pero su muerte le generó numerosos problemas porque la comunidad internacional reaccionó de inmediato. Los mensajes partieron desde Estados Unidos y desde la Unión Europea.

Inclusive el Parlamento español emitió una declaración manifestando la consternación por lo sucedido, aprobada por unanimidad, incluyendo a los legisladores socialistas que habitualmente defendían al régimen cubano en sus enfrentamientos con los conservadores. Por su parte, Amnistía Internacional reclamó la inmediata liberación de 54 presos políticos cubanos y una investigación independiente sobre las condiciones carcelarias en la isla.

Cuba niega enfáticamente la existencia de presos políticos y denomina "mercenarios" a los detenidos por delitos no comunes o penales. Según organizaciones extranjeras, hay aún unos 200 detenidos "políticos", entre ellos los 75 condenados en 2003, a quienes se sumarían ahora unos 25 detenidos días pasados para que no asistieran al funeral de Tamayo Zapata.

Si bien las críticas cayeron con dureza por la muerte del opositor cubano, la comunidad internacional debe profundizar su accionar a los efectos de terminar con una política de represión incompatible con la vigencia de los derechos humanos. En la hora actual no se pueden aceptar los regímenes autoritarios y dictatoriales ni las política represivas que intentan acallar a quienes piensan distinto.