Ley de Medios K, otro intento de dividir a los argentinos

El Gobierno nacional envió al Congreso una Ley de Radiodifusión que sólo contempla los intereses del partido oficial y de los amigos del poder político. Por eso busca aprobarla a las apuradas antes de que asuman los representantes legislativos elegidos por el pueblo el 28 de junio. Y para lograr un resultado a su favor, el Gobierno no duda en generar un clima de todos contra todos, intentando avanzar hacia el poder absoluto a través de la división entre los argentinos.

domingo, 06 de septiembre de 2009

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) lo acaba de declarar la semana pasada al mundo con todas las letras: "La presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere destruir con una ley de medios al Grupo Clarín".
 
El presidente de la AIR consideró "una perversidad que se legisle con nombre y apellido buscando destruir un grupo empresarial que tiene además el respaldo de las audiencias. Es una muestra más del desatino con que muchas veces se manosea este tema de la libertad de expresión".
 
Finalmente, la prestigiosa institución internacional advirtió taxativamente sobre esa corriente que en algunos países latinoamericanos busca restringir la libertad de expresión y de prensa, encabezada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, a la cual la Argentina se ha plegado, aun a riesgo de que tambalee el sistema democrático y republicano tan dificultosamente conseguido.

La ciudadanía cambió con su voto del 28 de junio la correlación de fuerzas legislativas, por lo cual cualquier debate estructural, de fondo, debería hacerse a la luz de esa nueva correlación para que se expresen de un modo más fehaciente las nuevas tendencias de la opinión pública.

Sin embargo, el Gobierno nacional ha decidido utilizar las viejas mayorías parlamentarias -ya sin consenso social- para avanzar con una Ley de Radiodifusión y Contenidos Audiovisuales cuya razón de fondo es que desaparezca la prensa libre en la Nación Argentina.

En efecto, basta escuchar los argumentos esgrimidos tanto por la señora Presidenta de la Nación como por su señor esposo para enviar esta ley al Congreso, donde sin pudor alguno se explican estas antidemocráticas intenciones de intentar destruir un grupo de medios de comunicación para luego seguir con la domesticación del resto, mediante el temor que pueda provocar el despliegue de tanto poderío.

Es así que todas las supuestas intenciones democratizadoras o desmonopolizadoras que se puedan expresar en los fundamentos de la ley sucumben definitivamente al verificar que ellas son sólo el adjetivo, la excusa formal del verdadero sustantivo que se está discutiendo aquí, y que no es otro que la subordinación total de los medios independientes del poder político a este poder.

Por eso, bajo la excusa de limitar la concentración de medios, lo que se busca es apostar a la mayor concentración posible en manos del Estado y de aquellos que se le dobleguen absolutamente.

Por eso, bajo la excusa de ampliar las voces democratizando los medios, lo que se pretende es que haya una sola voz y que toda democracia desaparezca de las estructuras comunicacionales.

Por eso, bajo la excusa de ponerles límites a los intereses empresariales, lo que se pretende es atacar a la libertad de prensa y de expresión, porque el Gobierno ha definido a las mismas como el último obstáculo a su delirio de unanimidad.

Si ello no fuera así, sería inexplicable que se convoque a empresas de servicios telefónicos a que asuman tareas de radiofonía, cuando dichas tareas fueron desde el inicio prohibidas para las mismas desde los pliegos de licitación por los cuales esas telefónicas asumieron sus actuales funciones.

Si ello no fuera así, lo que se buscaría con una nueva Ley de Radiodifusión es acabar con las improvisaciones para fortalecer la seguridad jurídica, pero en realidad todo hasta ahora viene demostrando exactamente lo contrario.

Así, en la cuestión de la televisación del fútbol, el Estado nacional fue el principal impulsor de la ruptura de un contrato legal entre privados.

Y en el proyecto de comunicación audiovisual lo que se propone es su aplicación retroactiva para que las empresas de medios tengan que malvender (o vender a los amigos del poder político) sus activos acumulados legalmente.

Vale decir, nada más lejos de las pretensiones del Gobierno que mejorar los ordenamientos legales por otros más previsibles.
 
En absoluto, lo que se pretende es, claramente, empeorar los ordenamientos legales existentes, cambiando la proliferación de normas transitorias dictadas en el área durante las últimas décadas por una subordinación absoluta de la prensa al poder, con lo cual no se solucionará ninguno de los problemas que se dice pretender solucionar y se empeorarán todas las cosas.

Por otra parte, al gobierno del señor y la señora Kirchner no le importa en absoluto la supuesta concentración de los medios privados de la comunicación pública, porque de ser así no habrían propiciado en casi todas las actividades del país la más asombrosa concentración de poder político y económico de que se tenga memoria en las últimas décadas.

Por el contrario, el ataque a los medios está motivado por el afán de robarles a los mismos las audiencias que ellos han construido a lo largo del tiempo.
 
Es por eso que este artificio legal con que pretenden monopolizar la comunicación social lo han elaborado sin consultar a los medios escuchados, leídos o vistos por la gente, ateniéndose sólo a los intereses del poder político que ellos representan y a las asesorías de aquellos supuestos comunicadores que no comunican nada porque no son escuchados por nadie.

No obstante, las audiencias y las fidelidades de los públicos no pueden conseguirse ni transferirse mediante la vía del decreto, por lo que, aún aprobándose esta insostenible ley, la sociedad les seguirá dando la espalda a quienes han decidido darle la espalda a la sociedad.

En realidad, el debate de medios en la Argentina de hoy es el último intento de un gobierno sitiado por el desprestigio y la corrupción para -en las puertas de su ocaso definitivo- avasallar la soberanía popular intentando privar de voz a la opinión pública que resiste, con su voz y con su voto, tanto autoritarismo desembozado.

Es que los pueblos no suelen quedarse quietos cuando los gobiernos deciden enfrentarlos.

Claro que a la sinrazón de la fuerza de los poderosos, la sociedad suele responder con la movilización de todas sus fuerzas cuando la democracia es puesta irresponsablemente en juego por quienes fueron elegidos para custodiarla y profundizarla, pero que -negando el mandato colectivo- intentan vaciarla de toda forma y contenido.

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