Nueva sanción internacional para la Policía de Mendoza

Roberto Castañeda fue detenido por la policía y apareció quemado. Archivo / Los Andes

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Diana Chiani - dchiani@losandes.com.ar

A poco de cumplirse 20 años de la muerte de su hijo, Rosa González empezará a respirar con algo de paz. Sucede que ayer se cumplió lo que ha pedido incansablemente durante todo este tiempo: que una Corte internacional y -por ende- el gobierno nacional y provincial, reconozcan que su hijo fue víctima de un caso de gatillo fácil. Con este fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mendoza suma cuatro condenas internacionales en el área de Derechos Humanos.

Éste es el primer caso que se presenta en Naciones Unidas ya que los otros tres (ver aparte) fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Roberto Castañeda tenía 28 años cuando, el 10 de setiembre de 1989, apareció incinerado en el interior de su camioneta. Antes de quemarlo, le habían disparado en la cabeza. En su momento, eran grandes las sospechas de que había policías implicados en el hecho ocurrido en El Pastal, Lavalle, pero el caso quedó en la nada.

El dudoso desenlace no doblegó la lucha de la madre de Roberto, quien hace tres años, aceptó que sus abogados llevaran el caso a las Naciones Unidas, con el consiguiente riesgo de tratar con un tribunal hasta ahora desconocido en el derecho mendocino. La justificación hoy aceptada es que, el de Castañeda, fue uno de los primeros casos de violencia policial sucedidos durante la democracia.

"El Comité nos dio la razón y admitió que se trataba de un caso de desaparición forzada por la autoridad policial", contó el abogado de la familia, Carlos Varela Álvarez, quien decidió acudir a la sede ubicada en Ginebra (Suiza) con el objetivo de encontrar respuestas sobre lo sucedido.

El proceso se resolvió a través de un acuerdo con el gobierno nacional por lo que, ahora, la Provincia deberá ratificarlo mediante decreto para que la Legislatura también lo acepte. Un trámite que se da por descontado.

Entre otras cosas, el Estado deberá pedirle disculpas públicamente a la mamá de Castañeda. Y eso es lo que más "entusiasma" a Rosa. "La pena no se me va a ir pero esto me sirve para mostrarle a mi hijo que algo he hecho por él y para que todos se den cuenta de que yo tenía razón con mi pedido", reconoció emocionada por la resolución favorable del planteo judicial.

20 años después

Después de 20 años, Rosa se dará la oportunidad de dejar de remover el pasado para comenzar a recordar a Roberto desde otro lugar. "Estoy destrozada, he dejado la vida en esto", llora al mismo tiempo que siente la satisfacción que brinda la justicia cumplida.

El proceso de solución amistosa que comenzó en el gobierno de Julio Cobos y continuó con el actual sirvió para llegar a un acuerdo con el objetivo de no dilatar más los tiempos. El pacto, además, evitó una condena más dura por parte del organismo internacional y brindó un resarcimiento económico relativamente bajo, si se lo compara con otros casos similares.

"Se hace lo que se denomina un acuerdo de reparaciones. El gobierno se compromete a seguir investigando, realiza un pedido público de disculpas y otorga un acta de defunción, hasta ahora inexistente porque no se había podido reconocer el cuerpo", precisó el abogado. Después de 20 años, además, habrá compensación de $ 220.000.

De este modo, la provincia sigue sumando sanciones de derechos humanos por parte de organismos internacionales. En 1992, el juez Marcos Pereyra archivó el caso de Roberto -a quien apodaban el Negro- sin culpables.

Hoy un organismo internacional, no sólo dice que aquel cuerpo terminó quemado a manos del Estado. Aunque se intentó conocer la opinión de la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, María José Ubaldini, este diario no pudo contactarla.