No resuelven el encuadre jurídico de cosechadores

El sector continúa ocupando mano de obra para la recolección a muy alto costo en relación con el precio del producto (en muchos casos llegó a la mitad); aunque en el bolsillo del trabajador no queden todos los pesos que necesitaría sumar su jornal para atender sus necesidades básicas y la de su familia.

Se reiteraron conflictos (el más resonante fue en San Rafael, hace un par de semanas) porque las empresas terminan recurriendo a los servicios de organizaciones que operan bajo la figura de cooperativas de trabajo, cuestionadas por el Gobierno y los sindicatos.
 
Nadie ha resuelto de manera equilibrada el encuadre jurídico-laboral de los cosechadores, a pesar que la sanción de la Ley de Corresponsabilidad Gremial-Empresaria, el año pasado, fue puesta como una herramienta para resolver el problema.

Los sectores productivos de las economías regionales iban a participar en su elaboración pero cuando quisieron acordar, el Congreso había sancionado la norma. Luego, se dijo que cada actividad podía ir incorporando elementos que ayudaran a resolver las condiciones de cada una, pero lo cierto es que los problemas han seguido, sin solución de continuidad.

En el medio, están los sindicatos y las cooperativas de trabajo, a las que el Gobierno no terminó de blanquear ni de inhabilitar, o al menos de establecer cuáles están dentro y cuáles fuera de la ley. Aunque el grado de conflictividad es tal, que tampoco parece haber una ley que las contengan.

Tampoco hay norma alguna que, preservando los derechos de los cosechadores alivie al empleador de los altos costos asociados a la transitoria (o no permanente) relación que, de alguna manera, lo vincula con los zafreros y que lo libere del riesgo de quedar entrampado en la llamada “Industria del Juicio” laboral.