Acerca de la estatización venezolana

Por Alejandro Barraza - Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad de Mendoza.

El presidente autoritario de Venezuela, Hugo Chávez, acaba de anunciar la estatización de empresas vinculadas al grupo Techint que tienen su sede en aquel país. Varias son las consideraciones que la noticia nos permite desgranar.

La primera, tiene que ver con la llamada nacionalidad de las empresas (o estrictamente de las personas jurídicas de carácter privado, como son por ejemplo, las sociedades anónimas). Para el derecho internacional latinoamericano en general, y especialmente para el de América del Sur, las “empresas” (sociedades comerciales, en sentido jurídico estricto) carecen de nacionalidad.

En efecto para nuestra tradición jurídica, derivada especialmente, de la impronta de un brillante ministro de Relaciones Exteriores que tuvo nuestro país, el Dr. Bernardo de Irigoyen, las sociedades comerciales carecen de dicho atributo y deben su existencia y, fundamentalmente, sus posibilidades de actuación, a las leyes del país que las autoriza a funcionar.

Es decir que no podría decirse, al menos en términos jurídicos coherentes con nuestros sistemas legales, que tal o cual empresa es argentina o venezolana, sino que tal o cual empresa se ha constituido (esto es, ha obtenido la personería jurídica que la habilita a ejercer sus negocios) en Argentina o en Venezuela. Es que la nacionalidad, para nosotros, es el vínculo jurídico y político de carácter permanente que se establece entre un individuo (persona física) y el territorio de un Estado.

Dicho de otra manera: no hay posibilidad de vincular jurídicamente a una sociedad anónima con la nacionalidad de un Estado.

Para decirlo con un ejemplo local, claro y contundente: IMPSA no es argentina. Es una sociedad anónima constituida conforme a las prescripciones de la ley de sociedades comerciales argentina. Su capital social, probablemente esté en forma mayoritaria, en manos de accionistas de nacionalidad argentina, pero perfectamente podría estar en manos de malayos, belgas o brasileños, que a los fines jurídicos y prácticos sería exactamente lo mismo.

Si desarrolla sus actividades en Argentina, generará mano de obra en nuestro país, tributará en el mismo y contribuirá al desarrollo local. Si le conviene hacer negocios en China, los hará y deberá adecuarse a las regulaciones laborales, tributarias y de cualquier otra naturaleza que alcance la actividad que desee desplegar.

Es sin dudas parte de la extensa lista de mitos con los que nos encanta embanderarnos a los argentinos, la afirmación de la existencia de una supuesta industria nacional. Parece antipático pero es así: es absolutamente irrelevante a los fines del desarrollo de un país que las empresas estén en manos de ciudadanos nacionales o extranjeros (mucho más en nuestro país en el que por imperio del artículo 21 de la Constitución Nacional ambos se encuentran equiparados para el ejercicio de los derechos, con la obvia exclusión de los estrictamente políticos, por ejemplo sufragar).
 
Más aún en una época de internacionalización casi absoluta del mundo de los grandes negocios, con corporaciones que ponen a disposición del público global sus acciones, incluso por la “apátrida” Internet.

Es como decíamos, simple chauvinismo jurídico, provincianismo, en general, prebendario. Lo que importa, en definitiva a los fines del desarrollo y el bienestar general, es si las empresas son eficientes, cumplen con las regulaciones en materia laboral, tributan lo que corresponde, mantienen códigos de ética empresarial, generan mano de obra, no sobornan ni se dejan presionar por funcionarios corruptos. Para cumplir con tales premisas, lo mismo vale llamarse Juan Pérez o John Smith.

Aclarado este punto, por cierto que no deja de preocuparnos la estatización de empresas privadas en Venezuela. Por varios aspectos.

Primero, porque consideramos el respeto del derecho de propiedad como un motor insustituible para la concreción del ansiado desarrollo en nuestra postergada región. Ejemplos de política contemporánea comparada sobran, en el sentido de que aquellos países que estructuran sus sistemas políticos en torno al respeto de la propiedad privada en sentido amplio,
inexorablemente avanzan.
 
Para no hacer una extensa lista de países que funcionan exitosamente en torno a este paradigma, sólo recordemos un viejo dicho inglés que dice: “El rey puede tomar mi vida para enviarme a la batalla, pero no puede entrar a mi casa sin mi permiso”.

Segundo, porque la avanzada chavista sobre las libertades en general (recuérdese, entre muchos otros casos de flagrante autoritarismo, la confiscación de medios de comunicación, el asedio a la opinión disidente y la reciente estatización de empresas) nos encuentra a los argentinos en una relación bilateral estratégica con el régimen venezolano.

Quién, si no el extravagante líder centroamericano, es nuestro socio en el mundo, prestamista usurario de última instancia, orador de verdades propias en territorios ajenos, e incluso, y al menos indiciariamente, financista ilegal de campañas políticas locales.

Claramente debería pensarse en rediseñar la relación bilateral con Venezuela. Por lo pronto, deberíamos repensar nuestro patrocinio al ingreso del chavismo en calidad de socio pleno, al esquema de integración del Mercosur, que hace del respeto de las libertades políticas un compromiso inexcusable; y del derecho a la propiedad privada, un presupuesto fundante para su funcionamiento como mercado ampliado.

Pero no debería hacerse tal revisión por la presión siempre interesada de la “burguesía nacional”. Tampoco por un reflejo espasmódico en el creciente calor de unas elecciones que se avizoran complicadas para el gobierno. Debería hacerse por razones mucho más profundas, incluso ideológicas.

La clave de tal ejercicio debería estar en el contraste de aquellas medidas tomadas por el líder venezolano con las ideas y creencias que, recogidas por la Constitución Nacional de 1853/60, sentaron las bases de la prosperidad de la que gozó nuestro país hasta el aciago ciclo de interrupciones del sistema democrático.