Comenzaron a investigar de oficio los juicios laborales

Javier Hernández

El fiscal de Instrucción de San Martín, Gustavo Rosas, comenzó a investigar, de oficio, la causa por juicios laborales truchos en la zona Este que denunció ante los medios un grupo de empresarios y viñateros. En esa primera jornada, y mientras el fiscal tomaba algunas declaraciones para desentrañar si se cometieron delitos, fueron radicadas en su oficina ocho nuevas denuncias.

"No puedo darle detalles sobre cómo voy a trabajar o cuál es el contenido de estas denuncias, pero sí voy a decirle que tengo todo el apoyo del procurador general de la Corte para investigar a fondo y que confían en mi criterio", dijo Rosas y agregó: "Mi objetivo es determinar la relevancia penal de estas acusaciones, que están referidas a demandas judiciales y sentencias laborales fraudulentas. Llegado el caso de que surjan pruebas haré el requerimiento al juez de Instrucción para que avance con la investigación".

Así, en los próximos días Rosas deberá determinar, por ejemplo, si existió el delito de estafa en algunos arreglos laborales que no llegaron a juicio (tal como aseguran algunos empresarios) o si hubo falso testimonio, por parte de testigos y obreros truchos; pero además, el fiscal tendrá que establecer si existió connivencia de abogados (se mencionan tres estudios de la zona) con alguno de los cinco jueces laboralistas del Este.

"Tengo que reunir elementos de prueba para saber si hay delitos. Por un lado se habla de una supuesta industria del juicio laboral (que para existir requiere, por definición, de la connivencia de abogados y jueces) pero también se dice que, en realidad, los empresarios afectados terminan arreglando antes de llegar al juicio", dijo Rosas, para quien "si existió algo tan burdo como lo que se publica en el diario, eso se va a poder demostrar".

Para cumplir su tarea el fiscal contará con el apoyo de un auxiliar, una computadora extra y hasta el asesoramiento de un contador, el fiscal deberá hacer el requerimiento al juez de Instrucción.

Mientras, el presidente de la cooperativa eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande, José Álvarez, aseguró ayer que su empresa "también fue víctima de esta industria del juicio laboral que ahora se está destapando. Acá estamos todos desprotegidos".

"Para darle solo un ejemplo, tuvimos la demanda de una escribana cuyos servicios habíamos contratado: ella terminó asegurando que tenía con nosotros una relación de dependencia y hasta su propia oficina, cuando todo el mundo sabe que no era así. Nos demandó por $ 300.000 y cuando fuimos al juzgado, la jueza nos dijo que arregláramos porque al caso lo perdíamos. Al final tuvimos que pagarle $ 150.000".