El 26 de noviembre de 2002 una denuncia por medio de una llamada telefónica anónima llegaba al Tercer Juzgado de Familia de Mendoza. El relato era escueto pero no por eso menos escalofriante: "En una casa de la calle Patricias Mendocinas al 3000 vive una familia extraña: una señora, su marido y una hija de ambos que además tiene seis hijos que serían del hombre de la casa. Investiguen".
La jueza de Menores, María Cecilia Zavattieri de Olascoaga, tomó nota y comenzó con medidas tutelares que incluyeron, de movida, chequear que esa casa existiera y que allí vivieran todos los personajes mencionados.
"Todo es tal cual dice la denuncia: en la casa viven estas personas", le explicaron a la magistrada desde el CAI (Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario). Zavattieri ordenó a profesionales de los sectores Medicina Interna y de Salud Mental una evaluación psíquica y clínica de esa extraña familia. La idea era indagar a C.L., la presunta madre de seis chicos, N.O., su mamá y A.L., su papá.
El 27 de noviembre de 2002, a las dos de la tarde, C.L., de por entonces 28 años, fue con sus seis hijos y su madre, la oficial de Justicia N.O., a la entrevista con dos psicólogas en calle Mitre y Montevideo. Los menores fueron examinados en cuanto a su estado físico.
Ese mismo día el CAI elaboró el siguiente informe en cuanto a la evaluación psicológica.
Qué tienen en la cabeza
C.L.: "Se observa un funcionamiento intelectual inferior al promedio (evaluada clínicamente). Es introvertida. Tiene tendencia al mutismo y actitud hermética. Presenta disminución de la capacidad reflexiva y recursos cognitivos escasos para enfrentar situaciones y vincularse con el medio. Tiene rasgos de dependencia, pasividad, inmadurez psicoafectiva y dificultad para valerse por sí misma. Presenta un yo débil.
"Se muestra con escasa colaboración en la evaluación, con conductas evasivas. Tendencia a ocultar información y mantiene un lenguaje monosilábico respecto de los problemas vinculados a su relación de pareja y al padre de los niños (en este caso es imprecisa e incurre en contradicciones)".
N.O.: "Inteligencia normal. Se niega expresamente a abordar el tema del padre de los niños; su actitud en cuanto a esto es hermética. Expresa que su hija no decía nada del padre de los chicos y que ella, a pesar de tener una conducta muy activa en la relación con su hija, buscaba no involucrarse en los asuntos de la misma. Acá se sospecha que la señora N.O. oculta información, habida cuenta de que su funcionamiento respecto a su hija y sus nietos no es pasiva ni distante".
En las conclusiones, las dos psicólogas del CAI le indicaron a la jueza que tenían grandes dudas. Que estaría bien que el señor A.L. se sometiera al mismo estudio y se aconsejaba hacer pruebas de ADN para determinar la filiación de los niños.
De ese modo, un día más tarde (27/11), el señor A.L. -por entonces de 60 años y mencionado como "abuelo" de los menores- era sometido a la misma evaluación psicológica que su mujer y su hija. Estos fueron los resultados:
A.L.: "Inteligencia normal. En relación con la administración de las técnicas se observan vivencias de tipo paranoide (...) En cuanto a la relación de la hija con el supuesto padre de los niños, presenta imprecisiones, aduce desconocimiento, se torna tenso y con elevado monto de ansiedad. En relación con los niños, su posición psicológica, así como la dinámica familiar, corresponde a la figura paterna".
En sus conclusiones, las psicólogas indicaron que utilizaron esta frase para definir la familia: "se trata de una dinámica familiar disfuncional con características de aglutinamiento".
"En cuando a los motivos que dan lugar a la causa, se centra en aspectos vinculados al padre de los niños, pero la información suministrada resulta escasa, estereotipada, confusa, carente de lógica si se tiene en cuenta el relato de N.O., C.L y de A.L. Si bien los datos no pueden ser conclusivos, sí se sostiene la existencia de una gran disfuncionalidad familiar en los temas asociados a la identidad de los niños. El manejo de la información, la denodada intención de los tres evaluados para ocultar información, así como las explicaciones imprecisas, contrarias entre sí, permiten sostener la ausencia de credibilidad y veracidad de los relatos en torno al punto que se investiga".
Qué pasaba en la casa
Ya hacia el 20 de febrero de 2003 la pesquisa siguió su curso y se encargó un relevamiento vecinal y una visita a la casa en cuestión. El informe de la trabajadora social identificada con el número "40", arrojó las siguientes conclusiones.
Al parecer A.L. infundía algún temor entre sus vecinos. "Uno de los consultados que tiene un quiosco cerca de la casa, indicó que A.L. no trabaja y que está todo el día en la casa. La persona consultada lo tildó de "baboso", en referencia a cómo se comporta con el sexo femenino".
En ese escrito, se indicaba que la entrevista llegó a su fin justo en el momento en que A.L. salió de la casa y trató de intervenir en la conversación con la vecina que era consultada.
El otro paso de la trabajadora social "40", fue entrevistar a los tres (A.L. N.O. y C.L.) en la casa: "A.L. dijo que trabajaba ayudando a su esposa, N.O., quien es oficial de justicia y hace 'notificaciones'. También estaba C.L., quien tiene seis hijos: un nene de 13, una nena de 10, un nene de 6, una nena de 4 y otra de 2 y un bebé de seis meses. Todos los chicos no presentaban problemas y contaban con la obra social de Osep, por su abuela, N.O.". La profesional "40", indicó que en la casa, además de los tres entrevistados y los seis menores, vivía la madre de N.O., "una señora de 79 años de edad".
Las conclusiones de la trabajadora social "40" fueron: "Se puede inferir que hay indicadores de ocultamiento respecto a la paternidad de los menores. C.L. dice que hace mucho que no se encuentra con el padre de sus hijos, pero el bebé tiene seis meses y dice que todos sus hijos son del mismo padre. A.L. está atento en toda la entrevista pero no queda claro qué rol cumple en la familia. La señora N.O. tiene una mirada temerosa y da respuestas evasivas".
Caso archivado
El 19 de agosto de 2003, y después de chequear una y otra vez los informes psíquicos, las encuestas vecinales y los informes del GAR (Grupo de Alto Riesgo, que investigó la situación psicofísica de los menores), la jueza Zavattieri envió una compulsa a la Segunda Fiscalía de Instrucción a cargo del fiscal Gustavo Fehlmann, ya que existía un grado de certeza importante en referencia a que se estaba frente a un delito que excedía lo de las medidas tutelares.
Ese mismo día, el fiscal Fehlmann le indicó a Zavattieri que el expediente fue remitido al Séptimo Juzgado de Instrucción, por entonces a cargo del actual fiscal especial Eduardo Martearena. Era ese juez quien debía chequear qué pasaba entre esa hija y su padre y de quiénes eran los seis menores.
El 1 de setiembre de 2003, la jueza Zavattieri le escribió al juez Martearena para saber cómo iba la compulsa. En el escrito le preguntaba "si se ha realizado el ADN a alguno de los menores hijos de la presunta víctima y del imputado". Martearena acusó recibo, pero la jueza volvió con los ADN mediante otro escrito enviado el 22 de octubre de ese año; el 10 de noviembre, Zavattieri preguntó otra vez por esos estudios.
Mientras esto ocurría, el por entonces juez Martearena no logró que los involucrados se sometieran al estudio de ADN. C.L., presentada como víctima, negó todo cuando estuvo frente al magistrado, por lo que él entendió que no había demasiado que hacer y el 21 de noviembre de 2003 ordenó el archivo de esa compulsa.
"No corresponde que el suscripto (por él) realice las medidas ordenadas por la titular del Tercer Juzgado de Familia (Zavattieri), atento a que las mismas exceden la competencia de este Tribunal y son netamente de orden tutelar".
Así esa denuncia fue archivada en la versión Martearena. El archivo versión Zavattieri ocurrió un poco más tarde: el 5 de febrero de 2004, ya que "no se corroboraron como verídicos los hechos denunciados", según firmó la magistrada.
La denuncia parecía muerta, pero resucitó el 27 de mayo de 2008 cuando se ordenó el "desarchivo" a partir de la nueva denuncia que motorizó G.L. , uno de los hermanos de la chica C.L. e hijo de A.L., por medio de los legisladores Ricardo Puga y Alejandra Nahman y a instancia del periodista Vicente Calisaya.
Sólo que ya habían pasado cuatro años y los chicos de C.L. no eran seis sino siete. Ahora los ADN indicaron que los siete hijos de C.L. son de su padre, A.L., quien está preso acusado de ser un abusador sexual consuetudinario de su propia hija. Lo demás es historia conocida.
Su marido denunció que llegó a su casa en la madrugada y la encontró en la cama con múltiples puñaladas y golpes en el rostro. Le robaron dinero y artículos electrónicos. Indignación de los vecinos.