Antecedentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca revisar el estado actual de la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer y de la Granja Penal de Gustavo André.

En 2004 la Corte de la Organización de Estados Americanos decretó medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de los internos y agentes penitenciarios a raíz de la muerte de 18 presos y las heridas de otros 9 (en seis meses). Además ordenó medidas para mejorar las “condiciones de vida infrahumanas” denunciadas, lo que originó la construcción de los Penales de San Felipe y Almafuerte.

En una audiencia pública en Asunción en 2007 se firmó un acta en la que el gobierno argentino se comprometió a aplicar medidas más amplias que no sólo protegían la vida y la integridad sino que avanzaban en el establecimiento de patrones de seguridad, educación y salud y a la creación de una comisión de seguimiento.

La Nación, la Provincia y los abogados peticionarios de las medidas arribaron a un acuerdo de solución amistosa que fue aprobado por decreto provincial en 2007 y ratificado por ley en octubre de 2008.

Allí se acordó la atención médica sanitaria; de trabajo y de educación de los internos y la creación de los defensores de ejecución penal, que se encuentran dentro de la recientemente sancionada Ley de Ministerio Público, la formulación del mecanismo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y la creación de las figuras del Defensor del Pueblo y Procurador Penitenciario, que se encuentran en trámite legislativo en el Senado de la provincia.

En 2008, en México, el gobierno de Argentina solicitó a la Corte que diera por finalizadas las medidas adoptadas. La Comisión Interamericana le propuso a la Corte que antes del levantamiento se permitiera constatar la situación en Mendoza para saber si se cumplieron o no las disposiciones de prevención ordenadas contra la violencia y la presencia de armas en el interior del penal y en favor de la salubridad e higiene.

Por ese motivo vino a la provincia el relator especial de la Comisión Interamericana para personas privadas de la libertad, el salvadoreño Florentín Meléndez.