¿Destituyentes o desinstitucionalizadores?

Por Carlos S. La Rosa - clarosa@losandes.com.ar

El Gobierno nacional -en particular su jefe único, Néstor Kirchner- dice estar enfrentándose a una ola “destituyente” (algo así como un golpismo sin golpe que busca impedir que Cristina Fernández finalice su mandato). Tal tentativa putschista contaría con el apoyo de las oposiciones políticas, pero tendría como ideólogos a los medios de comunicación no oficialistas y como sujetos movilizantes a los productores del campo.

En la lógica K, frente a ese supuesto ataque a la institucionalidad mayor (la continuidad del gobierno elegido por el pueblo), toda desprolijidad “menor” es no sólo admisible, sino imprescindible para salvar a la patria expresada por ellos.

Por su lado, la lógica de casi toda la oposición es que el menosprecio a las formas del que hace gala el kirchnerismo debe ser respondido con propuestas parecidas (quizá más atemperadas pero con igual escasa institucionalidad) porque el único modo de evitar la tergiversación republicana por parte de los K (que avancen hacia un chavismo) es también no fijarse en “nimiedades” de forma.

Existe, en efecto, una cultura política en la que se apoyan todas estas elucubraciones: a Isabel Perón le faltaba medio año para las elecciones pero se impuso el golpe militar; Alfonsín no pudo terminar un mandato al que le faltaban cinco meses; De la Rúa no sólo renunció él, sino su gobierno entero y fue cambiado legislativamente por otro de otro signo político; Duhalde debió anticipar su mandato seis meses. Y así...

A fines del año pasado, en EEUU, medios de comunicación de la envergadura del New York Times le sugirieron a Obama que asumiera un mes y medio antes poniendo como argumento (nada desdeñable) no una crisis doméstica, sino la más grave crisis mundial en un siglo. No obstante, EEUU optó por sostener su institucionalidad formal porque creyó -como creyó siempre- que ella a la larga es fundamental incluso para solucionar los problemas sustanciales.
Entonces, para empezar a solucionar sus problemas, la Argentina debería apostar a cambiar su tradicional cultura política, no digamos por la de EEUU, pero sí por una más previsible. Pero debería iniciarla ya. Porque la idea de aceptar por última vez la desprolijidad formal para luego, cuando se esté en el gobierno, hacer lo que se debe hacer, es diferir hacia un mañana que siempre será mañana, lo que se debe hacer hoy o nunca.

Una sociedad que salió a las calles o lloró en sus casas por el recuerdo que la muerte de Raúl Alfonsín le trajo acerca de los ideales democráticos de los inicios, no parece volcada en sus ánimos hacia conductas destituyentes.
 
Ni aún aceptando que haya sectores políticos o empresariales significativos que anhelen tal actitud destituyente (algo también muy difícil de verificar), no parece que el pueblo esté cerca de tolerar algún intento así, ni siquiera a través de la indiferencia ciudadana con la que se justificaron golpes anteriores.

Pero lo que sí es evidente es la ordalía frenética que estamos sufriendo, de permanentes saltos al vacío institucional, donde ya nadie respete ninguna regla de juego.

Con lo cual hasta las nunca concretadas reformas políticas (esas en contra de las listas sábana o cosas parecidas) han devenido abstractas porque con las actuales actitudes desinstitucionalizadores de una enorme proporción de nuestra clase política, hasta la más extraordinaria reforma sería avasallada por tales trapisondas.

Trapisondas que ninguna ley podrá detener si previamente no se detiene en la cultura política. Si primero no se recupera una mínima decencia institucional en las conductas.

Porque acá no estamos hablando de un hermano o una esposa que excepcionalmente sustituye a su pariente, sino de multitudes de hermanos y esposas, como que ya ningún político confiara en otro político sino sólo en sus familiares. Como que ya no existiera el más mínimo proyecto compartido.

Porque acá no estamos hablando de un político que se presenta para un cargo pero que luego, por un caso de fuerza mayor, es convocado a otro o se mantiene en el que ya tenía. Sino de decenas de candidatos que no sólo se presentan para cargos que jamás asumirán, sino que además tienen el tupé de declararlo. O sea proponen que los voten sosteniendo como único programa electoral el de no cumplirlo.

Cuando en una misma elección de un lado se presentan candidatos que jamás asumirán y del otro candidatos para el mismo cargo que ya poseen por varios años más o juegan a las dos puntas de ir al nuevo cargo si ganan o de seguir en el que están si pierden, es que algo anda muy mal en la República.

Para los ciudadanos de a pie entender estos delirios electorales al borde de la ley, es casi imposible. Además, en general, éste es un país al borde de la ley donde casi ninguna de estas cosas asombra. Pero no hay posibilidad que se modifiquen las conductas de los de abajo si no es empezando por los de arriba. Salvo que una indignación generalizada de abajo obligue a los de arriba.

En tanto, tamaño ataque desintitucionalizador indica que, hoy en la Argentina, podrán existir algunos pocos con vocación destituyente y otros pocos con vocación hegemónica, pero la inmensa mayoría de la clase política -salvo honrosas excepciones- parece estar más ocupada por salvar sus conchabos y sus ambiciones personales, que por pensar en términos colectivos.