El juez Acosta ordenó el 27 de octubre de 2006 la detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel.
Tras un largo proceso en el que se incluyó también un pedido del juez Oyarbide, España no concedió la extradición de la ex presidenta. Sin embargo su pedido de captura internacional sigue vigente y no puede abandonar ese país porque, en caso de hacerlo, será detenida para ser puesta a disposición de la Justicia argentina.
Esa orden de captura incluía al gabinete de Isabel, entre los que estaban Carlos Ruckauf, ex ministro de Trabajo; Ángel Robledo, ex ministro del Interior, y Antonio Cafiero, ex ministro de Economía, que fueron sobreseídos.
El juez se basó en la responsabilidad directa que tuvieron los integrantes del Gobierno (presidente y ministros) en el dictado de los decretos 2.770/71/72 de 1975 que facultaban a las Fuerzas Armadas a proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos.
La Presidenta no firmó los decretos que avalan las salidas del país del Vice. El 1 de marzo, estarán en la Asamblea Legislativa.
El ministro de Planificación Federal puso paños fríos a la conflictiva relación y aseguró que el sector “debe y va a estar” en la mesa de debate de un modelo de país “que contenga a todos”.