Crece el escándalo del espía Ciro James: le había pinchado el teléfono hasta al cuñado de Macri

El juez federal Norberto Oyarbide confirmó hoy que el detenido espía del Gobierno porteño, Ciro James, "pinchó" ilegalmente los teléfonos del cuñado del propio Mauricio Macri, de dos gerentes de la empresa Supermercados Coto, y al abogado porteño Mariano Castex.

"Una vez que tengamos las transcripciones (de las escuchas), hay que bucear profundamente para saber de dónde provenían y dar con las personas que tenían interés en escuchar esas conversaciones telefónicas", dijo el magistrado a los periodistas al salir de su casa.

Oyarbide confió que Néstor Daniel Lorenzo, esposo de la hermana de Mauricio Macri y cuñado del jefe del Gobierno porteño, "está enfermo de bronca" por el espionaje en su contra, así como el abogado Castex, un afamado perito forense, "no termina de salir de su asombro".

También ratificó que las escuchas ilegales se aplicaron a "un importante empresario, dueño de supermercados, el señor Coto, que tenía dos teléfonos tomados de dos gerentes importantes", además de las ya conocidas al directivo de Familiares de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, el empresario Carlos Avila, y la cadena Torneos y competencias.

"Va ha haber mucha más gente (alcanzada por esas escuchas ilegales). Está la SIDE para desentrañar este difícil cúmulo de datos y la semana que viene vamos a contar con más información", dijo el juez y antes de retirarse comentó: "No descarten la posibilidad de que ésas escuchas hayan sido vendidas".

Fuentes judiciales confiaron que Leonardo declaró ante Oyarbide que el empresario Franco Macri, padre del alcalde porteño, y líder del clan familiar, le habría ofrecido dinero para que se divorcie de su hija Sandra Macri y habría pedido a Mauricio.

También dijo que recibió amenazas de muerte y acusó a los Macri de perjudicar económicamente a su esposa Sandra, cortándole el pago de dividendos de los negocios familiares, con lo cual habrían reducido su patrimonio.

La intervención de los teléfonos de Leonardo -de 48 años, un auxiliar de enfermería y parapsicólogo que dijo que el clan Macri no aceptaba su casamiento con Sandra- coincide con la época en la que James se desempeñaba como abogado del Ministerio de Educación de la Ciudad y pretendía ingresar a la Policía Metropolitana a partir de su relación con el ex comisario y primer jefe de la fuerza, Jorge "Fino" Palacios.

Por otra parte, el Gobierno porteño reconoció ante la Justicia que contrató como efectivos de la Policía Metropolitana a cerca de 20 ex agentes del área de Inteligencia que se desempeñaban en la Policía Federal.

Con las nuevas pruebas las fuentes judiciales descartaron que James haya sido un espía infiltrado por el Gobierno nacional, como había denunciado el propio Macri, y la investigación ahora está orientada a determinar cuál era la vinculación de la comuna con los hechos.

Además, con igual operatoria se determinó que fueron "pinchados" los teléfonos del yerno de Avila, que se presentó como querellante; de tres gerentes de ventas de la cadena de supermercados Coto y de un abogado.

Leonardo declaró como testigo ante Oyarbide y sostuvo que "no tiene dudas" de que el empresario Franco Macri le pidió a su hijo, Mauricio, que lo espíen, ya que el clan "no quería" que se casara con Sandra Macri.

El testigo dijo que inclusive el año pasado tuvo una reunión con Franco Macri en la cual el veterano empresario le habría "ofrecido plata para romper el matrimonio con su hija pero éste lo rechazó porque, dijo, la relación no se basaba en ningún interés económico", añadieron las fuentes.

Leonardo también calificó la relación con Mauricio Macri como "distante" y denunció que fue "amenazado" a través de llamadas telefónicas a su casa en la que le decían que se aleje de Sandra porque sino iba a ser "boleta". Por otra parte, Leonardo sostuvo que su matrimonio perjudicó económicamente a Sandra porque ella -detalló- tenía un patrimonio de 18 millones de pesos y tras el casamiento "los contadores de SOCMA hicieron una rectificaron ante la AFIP y pasó a tener entre seis y siete millones", añadieron.

La causa se inició a partir de una denuncia que Burstein presentó por la intervención de sus teléfonos.

Oyarbide procesó a James y al director de Investigaciones de la Policía de Misiones Rubén Quintana, al ex jefe de Homicidios de esa fuerza Raúl Rojas y al ex auxiliar de Inteligencia Diego Guarda, como coautores de las "pinchaduras" a instancias del presunto espía.

La semana que viene deberán declarar como imputados el juez Gallardo, su colega José Luis Rey y la secretaria judicial de Misiones Mónica González.