Ricardo Ferreyra, el ex convicto que acusa.
A comienzos de esta semana que termina, un video de un delincuente confeso que aseguraba haber sido inducido por policías y por un fiscal para que diera una declaración "armada" que resolviera un hecho muy mediático, rompió los finos cristales de una maniobra de la que muchos hablaban en el ámbito judicial y policial: los testigos protegidos pagados a partir de los dineros, que nadie sabe de dónde salen, de las recompensas y de los pagos a "informantes" de la Policía.
Concretamente se habla del ladrón Ricardo Ferreyra, quien aseguró mediante un video que policías de la seccional 11 de Luján, con la anuencia del fiscal Fernando Giunta, le armaron su declaración para decir que él había sido testigo del homicidio de Marcos Cardozo (13) ocurrido el 18 de agosto pasado.
Según la declaración de Ferreira que consta en el expediente, él presenció de qué modo, dos personas arrojaban a Cardozo al canal San Martín el 18 de agosto de este año, tal cual lo contó ante el fiscal Giunta.
Lo que no se sabía era que Giunta y Ferreyra ya se conocían: el fiscal había acusado a Ferreyra de haber participado de un asalto a una peluquería de Luján el 12 de julio de este año. El ladrón Ferreyra tiene domicilio en Tunuyán y una vez que fue liberado por falta de pruebas del asalto a la peluquería de Luján, dejó de ver a Giunta.
De acuerdo con lo que Ferreyra dice en su video, a él lo fueron a buscar dos policías a la casa de su suegro para luego decirle que "hiciera" una declaración en la que debía involucrar a las dos personas que ahora están detenidas por el caso Cardozo (Duilio Campos, alias "el Pañalín", y un menor de 14 años).
El presunto arrepentido Ferreyra indica en su video que le armaron su declaración a partir de una visita que esos policías le hicieron hacer al sitio donde supuestamente Cardozo fue arrojado al canal.
El ladrón asegura que habló con el fiscal Giunta y que el mismo magistrado le advirtió "que tenía siete causas pendientes" pero que si lo ayudaba, él (por Giunta) lo iba a ayudar."
Con la aparición del video, el caso llegó tanto a la Legislatura como a la Inspección General de Seguridad, desde donde explicaron que se trata de un hecho delicado y que ellos (por la IGS) "sólo nos dedicamos a investigar si los uniformados cometieron delitos; nada podemos decir del preso que sale en la cinta", tal como dijeron.
Entretanto, desde la oficina de Carlos Ciurca se indicó que el ministro no hará declaraciones al respecto ya que "todo está en sede judicial y él (por Ciurca) no quiere interferir con sus opiniones".
Desde un costado no oficial, la policía de Ciurca asegura que Ferreyra es apenas un delincuente y que sus palabras carecen de valor por eso mismo. "Es un rata", tal como susurran los pesquisas.
Para amarrar esa hipótesis se dice que Ferreyra denunció a medio mundo (policías y fiscal) molesto porque no le dieron su parte de la recompensa de 20 mil pesos que el Ministerio de Seguridad había ofrecido para quien ayudara a esclarecer el crimen del niño Cardozo.
De hecho, en el video denunciante, Ferreyra menciona seis mil pesos que le iban a dar por su declaración pero que nunca recibió.
Luego, todo se diluye en explicaciones poco claras de parte del Ministerio y de parte del fiscal, sobre si hubo o no dinero pagado para resolver ese caso.
Lo que queda en el tintero es si en verdad, cuando ocurre un hecho conmocionante (un crimen normalmente) para la opinión pública, entra a jugar una pesquisa de detectives policiales lúcidos o si todo se reduce a un grupo de efectivos que se pasean por los barrios bravos donde puede haber información ofreciendo un fajo de billetes de cien pesos para que el más delator del barrio les dé el dato que buscan.
El modo en que desde el Ministerio de Seguridad se usan los fondos para el pago de informantes es cuestionado por algunos fiscales como Daniel Carniello, quien nunca recurrió, por caso, al método de las recompensas para sus casos.
Ese dinero que es manejado básicamente por policías sale de una verdadera caja negra que corresponde al ítem de los "gastos reservados" y que se lleva buena parte del presupuesto de la cartera.
Pero de una operación en la que se mezclan policías con delincuentes que delatan a delincuentes y con dinero en efectivo, no es de extrañar que salgan engendros judiciales; verdaderas causas Frankenstein.
Sucedió el viernes por la noche. Las víctimas fueron más de treinta.
Ese fue el saldo de enfrentamientos, ajustes de cuentas y un intento de robo registrados en el Gran Mendoza entre anoche y esta tarde.