Los ciudadanos tienen necesidades en materia de empleo, educación, salud, seguridad, etc. y esperan que sus dirigentes actúen para resolverlos. A su vez, el orden político-jurídico del país asigna diversas responsabilidades, atribuciones y funciones a nivel nacional, provincial y municipal, algunas concurrentes y otras exclusivas.
Además, para el funcionamiento del estado se adoptó la forma republicana de gobierno que divide las funciones en tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por último, cada Poder, se organiza a través del mejor diseño institucional con el que intentará hacer frente a los problemas de la sociedad.
Sin embargo, si bien las divisiones son útiles al Estado para organizarse, es poco frecuente asistir a acciones coordinadas para enfrentar los problemas de la gente. Es común observar que las acciones públicas estén fragmentadas, divididas y desintegradas entre sí.
Lamentablemente en el medio de las divisiones y las fragmentaciones se encuentra la gente, que no entiende tales repartos de responsabilidades, sino que espera que sus gobernantes se ocupen de brindar soluciones.
Los problemas sociales atraviesan los límites de las competencias; no se acomodan según las competencias por ministerios. Los problemas sociales no reconocen normas burocráticas; mapas o edificios en que se dividen las responsabilidades públicas.
La división de responsabilidades instala parcelas de gestión, aislada unas de otras, y en algunos casos, hasta enfrentadas por diversos motivos ajenos a las circunstancias. Esta situación genera que en el amplio Sector de lo Público haya muy poco diálogo, consenso y entendimiento para sumar esfuerzos en común en atacar problemas. La separación sólo suma debilidad y mala asignación de recursos.
¿Cómo pueden intervenir los estamentos públicos, sin conversar a fin de entender cual puede ser la mejor acción que en forma conjunta pueden realizar ante cada problema?
Sería impensable que en una situación límite como una guerra, las distintas Fuerzas Armadas no dialogaran y acordaran como enfrentar al enemigo común si no ocurriera ese acuerdo, difícilmente habría posibilidades de lograr victorias en el campo de batalla.
¿Cómo enfrentar con éxito los problemas que tiene la gente sin que existan conversaciones para establecer visiones en común y estrategias compartidas para implementar soluciones? La falta de conversación y acuerdo, produce inexorablemente, la pérdida de eficiencia y eficacia en las acciones y escasos resultados para resolver los problemas sociales.
Para resolver las causas de los problemas, nuestros gobernantes tienen que conversar y entenderse aún superando sus diferentes filiaciones políticas, las divisiones jurisdiccionales (Nación, Provincia y Municipio) y las convencionales que se colocan entre distintas áreas gubernamentales.
El desafío de la dirigencia es lograr consensos auténticos para levantar barreras que permitan aunar voluntades, capacidades y recursos. Es preciso abrir espacios de debate para establecer nuevas reglas que fijen responsabilidades compartidas y guíen los compromisos para actuar.
Este diálogo en este escenario debe favorecer la estrategia de articular la gestión de las Organizaciones, coordinando el juego de las decisiones y las acciones a realizar, para lograr la integración de los diversos aportes para atacar y resolver los problemas.
El equilibrio en la conversación política e institucional debe sostenerse en reglas asumidas por los Actores Institucionales para lograr consenso y cooperación como base de legitimidad de las acciones, y condiciones adecuadas de intercambio que aseguren coherencia y consistencia.
El mundo mira a Uruguay. Pero no por las elecciones, el mundial o alguna crisis, sino porque han hecho algo que nadie creía posible: cada uno de los niños de las escuelas cuenta con una computadora portátil.