El colegio Agustín Álvarez comparte el edificio con dos escuelas más: entre turno y turno aparecen al menos dos sillas rotas por día. Foto: Marcos García / Los Andes.
Caños doblados, asientos endebles y pintura con rayones de todo tipo son sólo una parte de la falta de cuidado que en el interior de los colegios mendocinos se les da a sillas y mesas; herramientas que a pesar de tener poco tiempo de uso, son blanco fácil de la falta de conciencia que existe entre los alumnos para cuidar el mobiliario escolar.
Es que además de ser una queja constante de directivos y docentes, los números ayudan a ilustrar el problema: en sólo un año, la Subsecretaría de Infraestructura Educativa retiró 5.900 sillas, de las cuales unas 2 mil ya no sirven más.
La situación quedó reflejada a partir del recupero que esta área realizó entre 2008 y 2009 en 85 escuelas del Gran Mendoza. Según destacó su titular, Roberto Pacini, el mobiliario escolar es dañado en forma permanente y el nivel secundario es donde la falta de cuidado por parte de los mismos chicos es más frecuente.
"El problema es que el dinero que se utiliza para arreglar lo roto se podría destinar a comprar más equipamiento a la escuela o bien mejorar la comodidad y el diseño del mobiliario ya existente", aclaró el funcionario.
Durante este año, el Gobierno compró once mil sillas a un precio de 88 pesos cada una. En tanto, el precio de volver a pintarlas, ajustar asientos y fijar planchuelas, cuesta alrededor de 16 pesos por unidad. Así, el presupuesto utilizado por infraestructura este año sólo para adquirir equipamiento y arreglar el existente fue de 7 millones.
Si bien en cada establecimiento la realidad es diferente, desde el Gobierno escolar apuntan a que las responsabilidades son compartidas. Incluso, desde hace dos años, la Dirección General de Escuelas (DGE) emitió una resolución que establece la obligación de cada institución para fijar sus normas de convivencia.
En este sentido, en varias escuelas la mayor preocupación tiene que ver con las distintas manifestaciones de la violencia que se traslada al ámbito educativo. "Los chicos están viendo y viviendo cosas terribles y muchas veces esto influye en su conducta. Se descargan contra los elementos que tienen más a mano", destacó Lorenzo Villar, director del colegio Nacional Agustín Álvarez.
Además de compartir el edificio con dos escuelas más, esta institución es una de las más concurridas del centro. Allí, más de 1.300 alumnos asisten todos los días y entre turno y turno (mañana, tarde y noche) aparecen al menos dos sillas rotas todos los días.
Por tratarse de un tema recurrente en el resto de los establecimientos, la señal de alerta indica una vez más la necesidad de impartir normas sólidas no sólo en la escuela, sino también dentro de la familia. En el ámbito legislativo, los problemas de convivencia intentan ser resueltos desde la unificación de los criterios para sancionar las faltas de conducta en horas de clase.
Recobrar la autoridad familiar
Un proyecto que fue presentado por el diputado Ricardo Puga (del Partido Independiente Mendoza), apunta a plantear un código de convivencia unificado para todas las escuelas. "La idea es tratarlo en las próximas reuniones de la Comisión Bicameral de Seguridad", aseguró Puga, quien además propuso cambiar la figura del docente al rango de una autoridad pública para que esté protegido por el Código Penal. "Ésta va a ser una manera de defenderlos ante las agresiones dentro de clase", expresó el legislador.
En estos casos, los padres serían los responsables y deberán enmendar el error del alumno mediante la realización de trabajos comunitarios en el colegio. Según Puga, es necesario "obligar a los padres a recobrar la autoridad familiar para educar a sus hijos".
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