"Le pido al Señor Gobernador que suspenda la aplicación de su facultad de conmutar o reducir penas a condenados por delitos sexuales", solicitó en tono enérgico el procurador de la Corte, Rodolfo González. Y Celso Jaque aceptó: "Asumo el compromiso público de no otorgar ninguna reducción o baja de penas y le pido a la Corte -que maneja los antecedentes de estos casos- que ni siquiera me los envíe a que los considere".
A su vez dobló la apuesta: "No me gustaría llegar a la castración química, pero los especialistas nos dicen que los violadores no tienen cura", enfatizó el gobernador.
El pedido desde la Justicia y la respuesta en el mismo sentido desde el Ejecutivo se intercambiaron ayer en sendos discursos pronunciados por el procurador de la Corte y el gobernador, durante la firma de los "acuerdos de coordinación para la atención de personas víctimas de violencia sexual".
Estos contemplan el fortalecimiento de la atención y la contención de esas víctimas, la optimización de los tiempos de respuesta y el trabajo de manera coordinada entre todos los ministerios involucrados. Los convenios fueron firmados ante un marco de preocupación creciente en la comunidad por la frecuencia en la reiteración de hechos de violencia sexual en la provincia.
"La castración química es una situación que está planteada en muchos lugares del mundo. Es un método científico que consiste en que a las personas con esas características se les da una pastilla (que disminuye el impulso sexual). La situación (sexual) es reversible, es decir que -a diferencia de una castración lisa y llana- en algún momento esta persona podrá procrear", agregó Jaque.
"No sé si ésta es la solución final. No me gustaría que lo fuera, pero creo que tenemos que trabajar en esta situación y pensar cómo vamos a realizar un trabajo con los propios condenados por estos delitos para intentar recuperarlos. Pero cuando uno habla con especialistas, médicos, psicólogos destacan que se trata de una enfermedad irreversible que -en principio- no tendría cura. Por el momento, hoy queremos trabajar en la prevención", manifestó el gobernador.
Por su parte el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares dijo que la reinserción social hay que merituarla realmente en la institución penitenciaria. "Obviamente son delitos aberrantes y en general hay que ver si (en estos casos) surge un pronóstico de rehabilitación que está puesto en duda aún desde lo médico. Si estuvieran dadas las situaciones habría que ser muy cuidadoso para dar un indulto en un delito de este tipo. Hay otros delitos como contra la propiedad cuyos autores son más reinsertables", dijo Nanclares.
"No quisiera ser absoluto, pero yo no recuerdo que hayamos tenido dictámenes favorables para delitos de índole sexual en los miles de expedientes que manejamos. No recuerdo que alguna vez hayamos aconsejado esto. Sí ponemos el acento en delitos contra la propiedad y algunos homicidios pasionales donde se ve que la recuperación del delincuente es posible. En la Corte nunca tomamos una decisión distinta de la que nos aconsejan los técnicos y allí pesa la rehabilitación penitenciaria", enfatizó el presidente del máximo tribunal de la Provincia.
La virtual suspensión de conmutaciones e indultos para violadores en Mendoza, tuvo también un rebote en la Legislatura provincial. Desde allí el senador Daniel Cassia recordó que en junio de este año propicio "un Punto Final para este tipo de prebendas a quienes hayan cometido delitos por homicidios o violaciones", al tiempo que solicitó al gobernador "que haga suyo el proyecto para evitar así que se beneficien injustamente 25 internos como en 2008".
Aunque se evidenció un entendimiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, González no dejó de reclamar los fondos "que no llegaron porque estaban sujetos a mayor recaudación" para la habilitación de una Oficina de Violencia Familiar y de un centro de atención a víctimas de violencia sexual. Y Jaque no ocultó sus propios reclamos: "pido a la Corte que se revean casos en los que la formalidad procesal anula procesos y deja libres a autores comprobados de delitos de violación".
El gobernador le apuntó a la anulación por la ausencia de una comunicación formal al abogado defensor, del análisis de ADN que comprobó que el asesino de la niña Micaela Reina es Apolo Díaz. "Si existieron vicios formales en una pericia de ADN, bastará con hacerla de nuevo bien hecha y entonces será válida", minimizó la situación Nanclares. Marcelo Sivera - msivera@losandes.com.ar
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