Opinión

viernes, 30 de octubre de 2009

Recientemente se ha dado a conocer, en los ámbitos universitarios, un nuevo proyecto de Ley Nacional de Educación Superior elaborado por el Ministerio de Educación, con la consigna admitida de que sea sancionada antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Este proyecto pretende regular toda la educación superior del país, tanto universitaria como no universitaria, a través de 97 extensos artículos que abarcan todos los aspectos de ese nivel formativo.

En realidad, si se intenta resumir en pocas palabras el espíritu e intención del proyecto, corresponde afirmar que se trata solamente de una reiteración de la ley menemista de educación superior (N° 24.521), con un aditamento importante y definitorio de ideologismo kirchnerista. En efecto, la estructura, instituciones, distribución de la normativa y disposiciones centrales del proyecto, son muy similares a las de su antecesora menemista, aún en su redacción.

Pero lo novedoso de la nueva propuesta radica en la inclusión, la mayoría de las veces sin demasiada pertinencia, de varios elementos ideológicos de innegable filiación kirchnerista.

Estos elementos pueden reducirse, en general y esquemáticamente, a los siguientes:

(I) Estatismo o intrusión creciente y persistente del Estado -en rigor, del gobierno- en todos los niveles de la sociedad civil, ya sea a través de la intervención directa o estatización, ya sea por medio de la habilitación a empresarios o militantes amigos de diversos sectores de la estructura social.

(II) Populismo político declamado y practicado, en especial en el ámbito de la manipulación electoral de los sectores carecientes.

(III) Postulación de un pensamiento hegemónico, con ataques de diverso tipo a toda expresión discordante, uno de los cuales es la reciente propuesta de una nueva ley mordaza de medios de comunicación.

(IV) Política cultural populista-indigenista, de sesgo evomoralista, con el consiguiente cierre a las dimensiones universales de la cultura y de la ciencia.

(V) Pseudo-progresismo ideológico, que reivindica las consignas más vetustas de la izquierda setentista.

(VI) Finalmente, manipulación ideologizada de la memoria histórica, instrumentada al servicio de los fines políticos del matrimonio gobernante.

Prácticamente todos estos elementos se encuentran plasmados en el proyecto elaborado por el Gobierno y que se pretende sancionar a matacaballos antes del vuelco definitivo del destino.

Veamos algunos de ellos.

En lo referente al estatismo, éste queda evidente al analizar la constitución de los organismos de planificación y asesoramiento de la educación superior, en los que la presencia gubernamental resulta prácticamente excluyente y con absoluta capacidad de decisión, siguiendo el modelo aplicado en el tristemente célebre Consejo de la Magistratura.

Este estatismo se proclama además explícitamente en el artículo 4°, en el que se establece de modo inequívoco que es “responsabilidad principal e indelegable” del Estado “la organización, el planeamiento y la evaluación del desarrollo académico, científico, tecnológico, cultural y de vinculación e innovación socioproductiva” del nivel universitario, así como la “gestión de los organismos colegiados donde se debatan y sancionen ordenamientos generales complementarios a las políticas particulares de cada jurisdicción”. Todo lo importante se encuentra, completa e indelegablemente, en manos del Gobierno nacional.

Pero también los amigos del gobierno tienen su parte en el proyecto: la bien conocida FUA (Federación Universitaria Argentina), reducto tradicional de la izquierda estudiantil más recalcitrante y retrógrada, responsable de innumerables tomas, huelgas, escraches y de haber impedido varias veces por la violencia la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires, es institucionalizada y elevada, en el artículo 75 del proyecto, a la categoría de agencia única de representación estudiantil en todo el país.

Además, todos los estudiantes, por el solo hecho de ingresar a una universidad -estatal o privada- pasarán a pertenecer al sistema “representativo” encabezado por la FUA, sean cuales fueran sus ideas políticas o sus opciones en materia educativa. Es decir, algo similar, pero más totalitario, que la “personería gremial” de que gozan los sindicatos más poderosos.

Por su parte, el populismo evomoralista tiene su lugar cuando el proyecto incluye, entre los principios que regirán a las universidades argentinas, la preservación de las “prácticas populares” y los “pueblos originarios”, el rescate de las “memorias y los saberes ancestrales” y la “incorporación plena de los saberes populares para potenciar la construcción social del conocimiento”.

Si a esto se le agrega que entre los objetivos de la universidad argentina está el “promover las políticas de género” y garantizar las condiciones para “el egreso” de “todos los estudiantes”, se tendrá una idea de a dónde habrá de conducir la implementación de esta ley en el caso de sancionarse.

También la memoria histórica tiene su propio espacio en el proyecto al prohibirse expresamente que puedan acceder a “ningún tipo de cargo” en la universidad todos quienes hayan sido funcionarios nacionales, provinciales o universitarios durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

En el proyecto se reconoce expresamente que se trata de una discriminación, pero en este caso se la promueve, al prescribir en el artículo 7° que “no se permitirán causas algunas de discriminación por ningún motivo (…) salvo en aquellos casos estipulados por la presente ley”.

Como puede verse claramente con los ejemplos aludidos, a los que pueden agregarse varios más, de lo que se trata en el proyecto es, pura y simplemente, de bautizar al sistema universitario argentino con las aguas de la ideología kirchnerista, dando un paso más hacia la instauración de un pensamiento hegemónico de corte populista-progresista-indigenista, que no deje lugar a las manifestaciones, ni tradicionales ni novedosas, de la cultura y la ciencia universales.

El medio para alcanzarlo es la manipulación estatista del sistema por el Gobierno nacional, ayudado por sus aliados de la FUA y de la CGT (el proyecto está lleno de referencias a la sindicalización de los “trabajadores docentes”) e inspirado en el ideologismo progresista-setentista profesado por el matrimonio que conduce -mejor sería decir “arrea”- el país.

Definitivamente, parece que no quedará ámbito alguno en el cual los Kirchner no quieran dejar, antes de la debacle definitiva, la marca de un ideologismo hegemonista, trasnochado y peligroso para los argentinos. La libertad académica, la autonomía universitaria, la pluralidad de ideas, la actualización científica y la transparencia de los debates, sufrirán, una vez más, un ataque despiadado e inmisericorde. Carlos I. Massini Correas - Doctor en Derecho. Doctor en Filosofía

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