Por qué no llega a juicio el crimen de Bolognezi

José Luis Bolognezi tenía 19 años cuando fue asesinado.(Fotos: gentileza Tiempo del Este)

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Rolando López - rlopez@losandes.com.ar

Dos jueces, 17 cuerpos de expedientes, una víctima, cuatro procesados iniciales (ahora quedan dos), uno de ellos estuvo preso; tres, prófugos; dos testigos encubiertos, más de diez apelaciones, cuatro pedidos de nulidad, dos casaciones, una comisaría descabezada, dos comisiones investigadoras, un cambio de carátula y catorce marchas de silencio multitudinarias no han logrado que el crimen de José Luis Bolognezi llegue al juicio oral por más que el 14 de este mes se cumplieron seis años del hecho.

Deberá revisarse bastante en los archivos de la justicia local para igualar este récord.

Un suceso en el que se mezcla el poder económico, el qué dirán en un pueblo chico y el miedo de hacerle frente a una dictadura similar a la que ejerce un patrón de estancia.

El caso policial insigne de la historia de San Martín comenzó con la aparición del cadáver de Bolognezi la madrugada del 14 de setiembre de 2002 en un descampado de calle Moyano y Albuera de ese departamento. Bolognezi, un chico de 19 años, alumno regular de una escuela nocturna y con perfil bajo, vivía con su padre en una casa del barrio San Pedro y la noche del 11 de setiembre había ido a un cumpleaños del que se fue y luego, como se ha dicho, apareció muerto.

Irregularidades

De inmediato, las irregularidades se hicieron presentes: la escena del crimen no fue vallada, hubo pruebas que desaparecieron y la familia se enteró del homicidio veinte horas más tarde.

A José Luis, según la necropsia, lo asfixiaron.

Con mayor rapidez que las irregularidades, aparecieron los rumores. En San Martín -cuyo casco céntrico cobija a 80 mil habitantes- casi todos se conocen y los nombres de los presuntos autores rociaron la ciudad: Abdo Girala (20, hijo de un empresario del neumático), Carlos "Metralleta" Pérez (38, ex boxeador), Sebastián Martínez (hijo de un juez) y Claudio Bonivardo (hijo de un empresario de golosinas), eran los mencionados.

El móvil del crimen, según algunos testimonios que hay en el expediente, fueron los celos: al parecer, Bolognezi coqueteaba con chicas que tenían vinculación con algunos de los acusados. Y que los acusados se valieron de ?Metralleta' para darle una lección al chico. Otra versión, que fue descartada por la pesquisa, hacía referencia a la presencia de Bolognezi -poco antes del crimen- en un cabaret de la zona.

El juez de instrucción de la causa, Ricardo Schulz, tomó el caso y también nota de las extrañezas que aparecían en el expediente. Como llamadas desde el teléfono de Daniel Girala (padre de Abdo) a algunos de los padres de quienes se mencionaban en el hecho; también la presencia del empresario en el velorio de José Luis -a quien no conocía- se sumaban a testimonios de personas que aseguraron en sus declaraciones haber sido apretadas para que no hablaran o para que dieran un testimonio erróneo.

"Si Abdo Girala está involucrado en el caso buena parte es por el accionar de su padre Daniel", dicen en los tribunales de San Martín. De hecho, el nombre Daniel Girala es uno de los que más aparece en el gordo expediente cuando no hay nada contra él en la causa.

Conmoción en el Este

De todos modos, los rumores no dejaron de ser tales hasta que en junio de 2004, cuando un comisario de apellido Quiroga dio con una testigo protegida (cuya identidad reservada duró nada), quien le dijo que ella había presenciado el crimen del chico Bolognezi.

A la mujer le tomaron declaración -los abogados de los acusados sostienen que dio seis versiones distintas- y el 20 de junio de 2004, el juez Schulz ordenó la detención de los tres muchachos de familias importantes y del humilde ex boxeador acusados, todos, de homicidio simple.

El resultado fue un clásico de la justicia vernácula: los tres muchachos de familias importantes escaparon y el humilde ex boxeador fue alcanzado por el brazo de la ley para ir a parar a la cárcel.

Girala, Bonivardo y Martínez se mantuvieron prófugos hasta que el fiscal de la causa, Juan Day, hizo lugar a un pedido de los abogados de los prófugos y cambió la carátula de homicidio simple a homicidio en ocasión de riña. Esta última categoría de homicidio es excarcelable (va de 2 a 6 años) y los tres prófugos, al enterarse, abandonaron la clandestinidad y se presentaron ante la justicia seguros de que no correrían la suerte de "Metralleta".

Renuncian el juez y el fiscal

Hacia 2005, en lo que fue un vendaval de presentaciones de los abogados de los acusados (recusaron al juez, presentaron recursos en la Cámara del Crimen de San Martín, hicieron pedidos de nulidad y casaciones ante la Suprema Corte), el fiscal Juan Day renunció a su cargo "por razones personales" y el juez Schulz hizo lo mismo por "violencia moral" (dicen que tuvo una fortísima discusión con uno de los abogados de los procesados en la vía pública y se asustó). La "violencia moral" que alegó Schulz fue atendida por la Cámara que aceptó que dejara el cargo.

Para entonces, estaba más que claro que el caso Bolognezi no lo quería ninguna autoridad judicial de San Martín.

Igual, el expediente recaló en el juzgado de la jueza Correccional Miriam Moltó ya que no había más autoridades judiciales del Crimen en San Martín. Moltó contó con seis meses de prórroga otorgada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y confirmó el procesamiento de Pérez, Girala, Bonivardo y Martínez. Luego a partir de otras apelaciones, la magistrada confirmó el procesamiento de los dos primeros por homicidio en riña pero dictó la falta de mérito para Martínez y Bonivardo en noviembre de 2006.

Caos judicial

Desde entonces, hace casi dos años, el caso estaba listo ir a juicio oral. Pero está claro que eso no ha sucedido. Por un formalismo judicial era la Primera (y única) Cámara del Crimen de San Martín la encargada de llevar a cabo el debate. Pero eso no es posible porque la Suprema Corte de la Nación indica que la Cámara que intervino en las apelaciones durante la instrucción no puede juzgar a los sospechosos.

Así, cual brasa, el expediente fue ofrecido a la justicia Correccional que también se apartó. Del mismo modo, no se hizo lugar a un pedido del Procurador General de Mendoza a que el debate se hiciera en una de las siete Cámara del Crimen de la capital de Mendoza, con lo que, acabada la cascada, se acabaron los jueces para ofrecerles el crimen más intrincado de la historia de San Martín.

En lo que constituye una nueva extrañeza, los magistrados de la Cámara del Trabajo de San Martín (Jorge Balliro, Héctor Garavaglia y Carmen Coronel) serían los encargados de llevar adelante el debate recién para el año que viene.

Todo esto si la causa no prescribe.

Total, el tiempo transcurrido no parece ser un enemigo en este caso.