En el dictamen de Rodolfo González, Procurador General de la Suprema Corte provincial, se realiza un duro llamado de atención para el fiscal de Estado, Pedro Sin, por haber interpuesto una acción de inconstitucionalidad de una ley, que debe usarse en casos de gran importancia.
Siguiendo la opinión de la Corte Suprema nacional, González apunta que la "declaración de inconstitucionalidad es la más delicada de la funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como una última "ratio" de orden jurídico".
Tras citar una batería de fallos que sostienen la opinión del máximo tribunal del país, agrega que "no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados".
Si bien el Procurador de la Suprema Corte desestimó el planteo de inconstitucionalidad de la ley que restituye las tierras a los Huarpes, será la Suprema Corte la que determine finalmente el asunto.
Si la Suprema Corte favoreciera a los huarpes, la Fiscalía de Estado podría llevar el asunto a la Corte Suprema. Pero teniendo en cuenta que Pedro Sin está a punto de hacer sus maletas, sería su remplazante quien debería continuar el trámite.
Llegado a este punto, es poco probable que el gobierno de Celso Jaque tome tal determinación, teniendo en cuenta que la ley se hizo en le época de Arturo Lafalla y el actual gobierno tiene algunos ministros "lafallistas".
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