Jaque avala endurecer la salida de los presos y se distancia de Cristina

Relajado. Celso Jaque, junto a los intendentes Miranda y Bermejo, antes de firmar el Acuerdo Social.

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Marcelo Zentil - mzentil@losandes.com.ar

Junto a Kirchner en la gestión, pero no en las ideas. Ése parece ser el lema que manda en la Casa de Gobierno por estos días, tras el avance legislativo del proyecto que endurece las excarcelaciones y la difusión de las críticas a esa futura ley por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que comanda el periodista Horacio Verbitsky, hombre de confianza y consulta de la pareja presidencial, sobre todo en el manejo de la política de derechos humanos.

La posibilidad de dictar prisión preventiva a quienes sean detenidos por un delito y tengan dos causas anteriores abiertas, es el eje de la polémica que pone en una vereda a Celso Jaque y en la otra a la ONG kirchnerista defensora de los derechos humanos, que envió una carta con sus cuestionamientos a la propia Presidenta Cristina de Kirchner y a dos ministros nacionales, además de hacerla llegar al Gobernador.

"Este gobierno no va a dar marcha atrás. Nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Nuestra Constitución nos da la facultad para dictar las leyes que creamos necesarias", respondió Sebastián Godoy Lemos, el recién asumido subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, cuando se le consultó si un enojo de los Kirchner podría cambiar el espíritu del proyecto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo local aprovechó esta controversia para iniciar un operativo de diferenciación del nacional, al menos en este tema, más allá de la alianza estratégica que sostiene. De esa forma, muestra su independencia, para evitar que se lo acuse de Cristina-dependiente, y a la vez toma distancia de la actitud que tuvo Julio Cobos hace un año, cuando aceptó bajar un artículo que endurecía las excarcelaciones tras la presión del mismo CELS.

Godoy Lemos actuó de vocero oficial con la venia de Jaque y el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Y más allá de ratificar la autonomía mendocina, se preocupó por aclarar que esta situación "no va a interferir en la relación con la Nación" .
 
Así enfatizó que "no hubo ningún llamado por este tema desde la Casa Rosada" y que "Kirchner no tiene motivos para enojarse porque estamos defendiendo el principal derecho humano, que es el derecho a la vida".

Un estrecho colaborador del Gobernador, que aceptó hablar sólo en off the récord, sintetizó la idea: "No vamos a retroceder porque somos los mendocinos quienes debemos resolver los problemas de Mendoza".

-¿Y están seguros de que van a poder soportar una embestida del Gobierno nacional como la de hace un año?

-Jaque no es Cobos, fue la escueta respuesta.

Frente a frente

El Gobierno da por descontado que el martes el Senado va a aprobar el proyecto con los cambios que hizo Diputados (se aplicará en toda la provincia y no sólo en el Gran Mendoza) y defiende su constitucionalidad. Justamente, el CELS dice que la ley impulsada por la gestión Jaque viola la Carta Magna y también tratados a los que adhiere el país; por eso pide, en la nota firmada por Verbitsky, que el gobierno nacional tome medidas para evitar sanciones internacionales.

El argumento del CELS, que considera que este tipo de medidas nunca sirvieron para frenar los delitos, es que "la legitimidad del Estado para disponer el encarcelamiento preventivo antes de un fallo condenatorio es excepcional. Sólo es posible en la medida en que exista peligro fundado de que el imputado se fugue y/o entorpezca la investigación".

Godoy Lemos esgrime en defensa del Gobierno otro argumento: "Es una herramienta más. Que se apruebe no significa que se va a generalizar y que sí o sí se van a denegar las excarcelaciones. Cada juez deberá resolver en base a su criterio. Pero de ninguna manera implica violar el principio de inocencia".

Por lo pronto, ante la inminente sanción de la ley, ya se dispuso el progresivo traslado de los condenados alojados en la cárcel de Boulogne Sur Mer a Almafuerte para hacer lugar en el primero y se incorporó personal penitenciario que ya había terminado el curso preparatorio.

Las sanciones internacionales a las que alude el CELS podrían llegar si prospera una denuncia que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego Lavado, quien hasta hace dos semanas ocupó el cargo que hoy ostenta Godoy Lemos. El abogado, habitual defensor de detenidos, renunció molesto por el endurecimiento del discurso oficial ante la creciente ola de delitos.