Usarán videoconferencias en todas las cárceles

Laura Fiochetta - lfiochetta@losandes.com.ar

El Poder Ejecutivo quiere que todas las cárceles locales usen el sistema de videoconferencias para evitar trasladar detenidos a los Tribunales. Las videoconferencias se utilizan actualmente sólo en el Penal de Boulogne Sur Mer y apuntan a evitar las fugas y reducir costos.

El planteo lo hicieron ayer personalmente: el ministro de Gobierno, Juan Marchena, y el subsecretario de Justicia, Diego Lavado, al presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares.

En ese encuentro, los representantes de los dos poderes acordaron extender el uso de la tecnología a las unidades penitenciarias de San Rafael, San Felipe, El Borbollón y Almafuerte.

Ahora, el Ejecutivo tiene que llamar a licitación para obtener el material informático para cada uno de los penales. Así, a través de una pantalla y frente a una videocámara, los presos podrán conocer las novedades de sus procesos o hacer trámites judiciales sin necesidad de moverse hacia Tribunales.

Según calculan desde el Gobierno, podría desafectarse un 80 por ciento del personal penitenciario que se ocupa en traslados de las cárceles a Tribunales, para que trabajen en tareas más específicas

El sistema fue habilitado en Boulogne Sur Mer en octubre pasado, pero recién comenzó a funcionar hace 3 meses. Como informó Los Andes en mayo, la Subsecretaría pidió al Procurador General de la Suprema Corte, Rodolfo González, que apurara la implementación.

Pese a que el vínculo entre la Justicia y el Ejecutivo es bueno, la relación entre el Procurador y funcionarios de Casa de Gobierno está deteriorada.

Dos proyectos complementarios al de la aplicación de las videoconferencias, que fueron debatidos en la reunión de ayer, son la creación de un registro provincial de antecedentes personales y la conformación de la Policía Judicial.
 
Con el primero, el Ejecutivo y el Poder Judicial buscan armar una base de datos con los antecedentes de los internos porque no existe un registro único y la información es difusa.

Para armar la Policía Judicial, el Gobierno afectará a un grupo de policías especialmente a la investigación criminal. “La idea es crear un escalafón aparte”, dijo Lavado a este diario.

En la ley 6.722, que fue sancionada en 1999 con la reforma policial, está establecida la figura de la Policía Judicial. Actualmente, los policías que trabajan con los fiscales no lo hacen de forma estable sino que rotan en sus tareas.