Faltan fondos: virtual parálisis en construcción de viviendas

Miguel Ángel Flores - mflores@losandes.com.ar

La caída de la construcción del 6,6% en junio tiene en Mendoza su correlato directo con el freno de la obra pública. Entre el incremento del costo financiero y de los materiales y mano de obra, las empresas locales están en una situación complicada, que se agrava porque el IPV aún debe a muchas de ellas certificados de obra de los últimos tres meses por un total cercano a los $ 20 millones.

Con 3 mil viviendas en ejecución, el contexto amenaza el futuro de los programas del IPV, que prevé llamar a licitación para una próxima etapa de 1.500 casas. A la falta de fondos se suma el desfinanciamiento y la suba de costos.
 
Es que la práctica habitual de descontar certificados a través de los bancos, para acortar los tiempos, se complica por la suba de tasas de interés. Además, algunos aseguran que los proveedores redujeron las cuentas corrientes a una décima parte, con lo que la forma de hacerse de insumos es casi de contado.

Con incrementos del 30% a 100% durante el último año, los materiales de construcción ajustan más el cuello de botella de las firmas pequeñas y medianas. Según las cotizaciones de los proveedores que releva el área de Costos del Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, los ladrillones valen el doble que hace un año. Y las tejas suman $ 400 más.

Varias de las empresas subcontratistas del Instituto no cobran desde abril. Ese mes, según los registros de la DEIE, los costos de la construcción en Mendoza se dispararon un 7,2%, con la mano de obra como el factor de mayor incidencia.

"Tenía 90 obreros a cargo hace un mes. Hoy me queda la mitad", ilustra el gerente de una de las firmas, al salir con otro "no hay pago" de una de las cajas del IPV. Su empresa, que se adjudicó un barrio en 2006, tras presentar el certificado de obra de julio, acumula $ 2 millones sin cobrar.

El IPV se muestra atado de manos como órgano ejecutor: de un presupuesto anual de $ 50 millones, aseguran que 36 se lo llevó una deuda del último trimestre de 2007.

Al mismo tiempo, la mayoría de los fondos con los que cuenta son nacionales, comprendidos en el Plan Federal de Vivienda I y II (financia 75% de cada unidad), y aún no son imputados. Ni siquiera se mueve con fluidez la caja provincial: las ampliaciones presupuestarias de $ 5 millones por mes siguen demoradas.

Una constructora, que cotizó $ 0,23 por ladrillón a abril de 2006, hoy debe pagar alrededor de $ 0,90. Sus responsables se quejan de que el IPV no reconoce la variación. Para los empresarios, el mecanismo aplicado de redeterminación de costos por alza de precios, resulta insuficiente. No obstante, el arquitecto Juan Rafael Videla, responsable del área técnica del IPV, defiende con ciertas limitaciones la posición del ente.
 
"Las cancelaciones acumuladas en los primeros cinco meses son récord histórico, y 15% más que en 2007. Ahora se está pagando mayo, que legalmente está en los plazos previstos de hasta 60 días para hacerlo. Obviamente, un mayor retraso en la llegada de fondos y el mayor costo financiero, puede complicar el panorama".

Contratos en riesgo

Por ahora las consecuencias se notan en el pago de las quincenas; las empresas recurren a los adelantos. Pero anticipan que el próximo paso serán los despidos.

"Si sigue así en unos días empezará a frenarse la obra", dice un empresario vinculado al Círculo de Constructores de la FEM. En tanto, hay constructoras que prefieren seguir presentándose, aún con un 10% por encima de los precios impuestos en los pliegos, y con los 3 meses de demora en el cobro cuantificado en sus ofertas.

A la fecha, se ejecutaron 1.067 viviendas del Plan Federal. Otras 1.500 están para certificar (la Nación aporta $ 85 mil por cada una). Pero quedan otras 1.500 a licitar en riesgo: 500 acordadas con la Federación de Cooperativas y 1.000 comprometidas desde 2006 para zonas afectadas por el sismo de ese año.

Para Guillermo Monserrat, de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza, que nuclea a 40 empresas, "los problemas no sólo son financieros sino económicos. Se exige cumplir como si el pago fuera de primera; por eso algunos ya analizan reducir el ritmo de obra actual". Otros casos ya decidieron suspender apuestas a futuro.

"Compramos pliegos para el hospital de Las Heras, pero no vamos a presentarnos", dice el administrador de una Pyme que actualmente tiene una obra en ejecución.