Córdoba. En las quince jornadas del histórico juicio a Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete represores, que tendría sentencia entre el 21 y el 26 de julio, ya se escucharon a 21 testigos entre quienes hubo 8 sobrevivientes de La Perla, el mayor campo de concentración cordobés, en el que el ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército fue dueño de la vida y de la muerte.
De allí sólo salieron con vida 17 de las más de 2.300 personas que pasaron y figuran como desaparecidas.
Cuando este martes declaren los dos últimos testigos, el Tribunal Oral Federal N° 1 iniciará un cuarto intermedio de diez días hábiles hasta que empiecen los alegatos. ¿Qué es lo que más ha comprometido hasta ahora a Menéndez y los demás acusados?
La respuesta es amplia. Según uno de los abogados de la querella, Martín Fresneda, "éste no es un juicio penal común en cuanto a la valoración de la prueba. No se trata de quién empuñó el arma homicida o de quién torturó; los delitos se encuadran en lo que fue un plan sistemático de exterminio perfectamente organizado. De delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles".
Los testimonios se valoran en, al menos, dos categorías: los generales, que describen cómo funcionaba la maquinaria de muerte de La Perla , y los que hablan de la "causa Brandalisis" que investiga el secuestro, tortura y fusilamiento de cuatro jóvenes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en un operativo que se intentó disfrazar como un enfrentamiento armado.
Humberto Brandalisis, su mujer Hilda Flora Palacios, el joven Carlos Lajas y Raúl Cardozo, fueron vistos por varios de los sobrevivientes en La Perla.
Los tres hombres siguen desaparecidos. Pero los restos de Hilda fueron localizados cerca de una fosa común del Cementerio de San Vicente, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y entregados a sus dos hijas. Son esos huesos los que pueden condenar a Menéndez y al resto, ya que son una prueba jurídica poderosa, irreprochable: "el cuerpo del delito".
Es por un proyecto que está en la Legislatura, que plantea la obligatoriedad del trámite.
Las comisiones de Agricultura y de Presupuesto comenzarán, sin público, la discusión en torno del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional. Todos defienden su receta y sigue lejos el consenso.