El paro de actividades realizado días pasados por el gremio que nuclea a los choferes de colectivos debe constituir un llamado de atención a los efectos de evitar que en el futuro se reiteren situaciones como las vividas, en las que el grueso de la población quedó como rehén de una situación a la que era ajena.
Porque la medida de fuerza se adoptó en forma sorpresiva, lo que motivó que mucha gente quedara en la calle a altas horas de la madrugada, sin poder retornar a sus viviendas con el grave peligro de inseguridad que ello constituía; que muchos trabajadores perdieran el presentismo en sus empleos o que gente de lugares alejados que debían asistir a la atención médica en los hospitales perdieran el turno por no contar con transporte.
Desde el gremio se aseguró que cumplieron con todos los pasos “legales” antes de decretar la medida de fuerza, como la discusión paritaria y los plazos establecidos por la conciliación obligatoria, en razón de que no se había llegado a un acuerdo. Pero lo inaceptable fue que se adoptara la decisión del paro en forma tan repentina, lo que motivó que la población no se enterara anticipadamente de la medida y tampoco permitió a las autoridades gubernamentales adoptar algún tipo de solución para paliar el problema.
En ese esquema, resultó totalmente lógica la reacción negativa de la población hacia la decisión de los choferes y coherente el enojo del Gobierno que llegó a calificar al paro de “salvaje”. El propio gobernador de la Provincia dijo en un discurso que pondrá en revisión “todo” el sistema de transporte; no descartó la posibilidad de aplicar multas a las empresas por la falta de prestación del servicio y no desactivó las versiones que hacían alusión a eventuales caídas de concesión a algunas empresas.
Fue evidente que las autoridades se vieron sorprendidas por la medida de fuerza. Un alto funcionario señaló que habían sido advertidos sobre la posibilidad de que se aplicaran “paros sorpresivos y alternados”, pero “de ninguna manera un paro general como el que se concretó”. De allí que también salieran a afirmar que están en la búsqueda de un mecanismo que evite que el interés general de los usuarios se vea vulnerado por una decisión sectorial.
Durante la gestión de Armando Caro Figueroa al frente del Ministerio de Trabajo -en el gobierno de Carlos Menem- se sancionó una ley que establecía que en los servicios esenciales -como la salud y el transporte de pasajeros- debía asegurarse un mínimo consistente en 20% de los trabajadores en sus lugares de tarea.
El Gobierno provincial ha asegurado que irá por más y en ese sentido estaría dispuesto a impulsar una ley que no sólo asegure ese 20% de la norma legal nacional, sino que ampliaría ese porcentaje a 60%, fijando además que los empresarios estarán obligados a poner a disposición las unidades y el sindicato a permitir el trabajo de sus choferes hasta cubrir ese porcentaje. Una medida que resultaría atinada.
Si bien es coherente no estatizar el transporte público de pasajeros, porque es sabido que el Estado no es buen administrador, lo cierto es que éste debe contar con la fuerza suficiente como para exigir el cumplimiento de los contratos firmados en la concesión con el sector privado.
Los trabajadores del transporte están en todo su derecho de realizar las medidas de fuerza garantizadas por la Constitución Nacional. Pero también deben comprender que el derecho de ellos termina donde comienza el de los demás. Y el grueso de la población no puede quedar como rehén de una huelga salvaje y sorpresiva.
Por lo tanto, lo sucedido días pasados con el paro del transporte no puede volver a repetirse. Las autoridades provinciales y los legisladores deberán ponerse a trabajar en forma urgente a los efectos de que en el plazo más corto posible se sancione una ley -provincial en este caso- que asegure la prestación del servicio público de pasajeros y que vaya mucho más allá del reclamo de un sector, sea laboral o empresarial.
Porque esa ley irá en beneficio de toda la población y no sólo de unos pocos.