El médico traumatólogo Oscar Tarqui (54), acusado de matar a su esposa Lucila Lucero (50) -durante la madrugada del 12 de enero último- y detenido el 24 de mayo, sigue alojado en Contraventores.
Es que para responder al reclamo de arresto domiciliario de los abogados defensores, Alejandra Mauricio, jueza de garantía ha pedido una encuesta ambiental entre los vecinos del domicilio del imputado, en Las Quijadas al 1200 del barrio Fuchs (Godoy Cruz), además de reclamar ante el Cuerpo Médico Forense un informe psiquiátrico para conocer si el profesional es una persona peligrosa. Y esas respuestas aún no han llegado al despacho de la jueza.
Esto teniendo en cuenta, que según la propia magistrada, salvo su estado de prófugo durante un tiempo, no ha tenido otra pauta sobre su conducta. Y confió: "Por eso, si bien el código no lo establece, yo necesito recurrir a las disciplinas y ciencias auxiliares del Derecho para resolver este asunto porque la permanencia en el domicilio no depende únicamente del control sorpresivo sino de su voluntad y su responsabilidad para someterse a proceso".
También consideró que "el antecedente de haber estado prófugo no es suficiente para resolver la situación" para reconocer que "siempre que me piden la prisión domiciliaria hago estas medidas y no debo hacer diferencias".
Arresto domiciliario
Después de aclarar que el arresto domiciliario en casi todo el país habla de un beneficio para condenados. Nada se dice de los procesados, excepto en las provincia de Córdoba y Mendoza.
Precisamente el artículo 298 del Código Procesal Penal (Ley 6730) establece que "siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, o de alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita la libertad locomotiva, el fiscal de Instrucción o Tribunal impondrá tales alternativas en lugar de la detención, sujeta a las circunstancias del caso...".
Y si bien el título es Detención Domiciliaria, el legislador va mucho más allá al hacer mención a "otra medida menos gravosa".
Y esto deja "abierto" un abanico de posibilidades y que sólo quedan libradas a la imaginación del magistrado.
Obviamente esta circunstancia conlleva a una situación de inseguridad jurídica y de desigualdad ante la ley, dado que el imputado no conoce con precisión qué beneficios puede solicitar.
Ello permitiría que el imputado requiriera al juez cualquier forma de detención, con el consiguiente desgaste jurisdiccional.
Descontando que nuestra provincia no cuenta con medios mecánicos o electrónicos para controlar cualquier forma de cumplimiento de la detención fuera de un establecimiento penitenciario, sólo queda la prisión domiciliaria como tal.
48 horas después de haber evitado un robo en su casa, un ingeniero descubrió que el presunto ladrón ya estaba libre.