Aseguran tener documentos que acreditan la posesión del terreno.
Un grupo de personas que aduce tener la posesión de los campos (fiscales) donde se encuentra emplazado el nuevo basural de San Rafael, en la localidad de La Tombina, se ha instalado en las inmediaciones y afirma que no dejará el lugar porque lo quiere "para trabajar la tierra". En tanto, la firma que gestiona la posesión para transferirla a la comuna inició una demanda por usurpación.
Al frente de este movimiento, al que han denominado Unión de Campesinos, está un joven llamado Rodolfo Caibano, hijo de quien supo explotar esas tierras fiscales hasta 1989,según explicó.
"Mi padre compró el derecho de posesión más de 20 años antes y dejó el lugar cuando una sequía muy grande causó la muerte de todos los animales. Desde entonces el se trasladó a Buenos Aires y vendió el derecho a Mateo Gómez González".
De acuerdo con el relato esta persona no habría cumplido con los pagos por lo que los sucesores de Caibano iniciaron un juicio para recuperar la posesión de las tierras.
"Hoy estamos aquí con Quino Cortez, que es un hombre de campo, y muchos otros vecinos que nos apoyan porque queremos trabajar la tierra, dijo el joven. No nos iremos ni impediremos que el basural siga funcionando donde está", aclaró. "Queremos el campo porque la tierra es de quien la trabaja", sostuvo enfáticamente.
El grupo ha sido citado al destacamento de Las Paredes donde deberá responder por la figura de "usurpación". La "Unión de campesinos" asegura tener la documentación necesaria que acredita su legítima posesión.
Hasta aquí la historia del grupo ocupante. La comuna, responsable del vaciadero, por su lado ha adoptado una medida precautoria, aunque aduce que es para que no ingresen desconocidos al basural con el peligro que ello significa. Ha instalado una guardia privada a unos tres mil metros antes de la entrada real del campo de tratamiento de residuos. Esta barrera puede ser sorteada únicamente con una autorización del director de Servicios Públicos, Darío Barandalla, y trascendió que hasta algunos concejales han tenido problemas para trasponer este control que, según Caibano, se colocó sólo para impedir su paso. "Tenemos que dar un rodeo de una hora y media para llegar aquí y el control está fuera del campo que la comuna dice es de su propiedad. Eso también es ilegal", se quejó.
Desde la oficina Legal del municipio se indicó que la comuna posee la cesión hecha por la firma Piedrafina SRL (propietaria de la planta de asfalto en caliente y de una cantera de material en el mismo predio del vaciadero). El 24 de abril esta firma obtuvo la aprobación de la mensura y la aceptación del trámite para obtener el título supletorio. Una vez concluido este trámite Piedrafina SRL podrá restituir los derechos a la Provincia y ésta a su vez a la comuna para que escriture.
En tanto, desde el Concejo Deliberante trascendió que este conflicto reaviva la situación planteada desde la UCR al momento de adquirirse las tierras ahora en cuestión. En su momento desde ese sector se cuestionó, y se sigue haciéndolo, la compra de este terreno por no existir una escritura definitiva sino el inicio de un juicio por el título supletorio. "La Municipalidad compra un juicio", se sostuvo. Es que la comuna compró los derechos posesorios a la firma Piedrafina SRL, empresa que radicó su planta procesadora en San Rafael, donde un hombre de nombre Julián Ondarra que aparece reclamando los derechos, es socio gerente de la empresa. Se estima que cuando la comuna cuando tenga la sesión definitiva podrá gestionar la escrituración.
La comuna salió a desalojarlos hace tres días porque una ordenanza prohíbe los puestos en la calle. Hoy, los vendedores desafiaron al municipio y se instalaron igual. Se tensa la relación Gobierno y municipio.
Durante la tercera jornada de protesta, los comerciantes callejeros continuaron con la resistencia y rechazaron propuestas de la comuna, que tampoco cedió.
