Bogotá. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguraron que siguen dispuestas a negociar la posibilidad de un canje humanitario en su país a pesar de la muerte reciente de su jefe máximo, Manuel Marulanda Vélez, alias "Tirofijo".
"Nuestras propuestas alrededor de los acuerdos humanitarios y las salidas políticas continúan vigentes tal cual lo hemos reiterado en múltiples ocasiones", señaló el grupo guerrillero en un comunicado publicado.
La nota agregó que "en medio de la más grande ofensiva reaccionaria contra organización revolucionaria alguna en la historia de América Latina, las FARC continuarán sus tareas acorde con los planes aprobados, sólidamente unidas y profundamente optimistas de salir adelante pese a la adversidad".
Nuevas expectativas
El martes, las familias de los cautivos del grupo insurgente, funcionarios y analistas políticos se mostraron confiados en que el nuevo jefe de las FARC, Alfonso Cano, considerado un moderado, cambie de rumbo y posibilite una salida que permita el retorno a sus hogares de unos 40 rehenes.
Mientras el defensor del Pueblo colombiano, Volmar Pérez, expresó su confianza en que la designación de Cano "facilite el acuerdo humanitario y revalúe la guerra", la senadora opositora Piedad Córdoba -clave en las negociaciones de paz junto al presidente venezolano, Hugo Chávez- consideró que con Alfonso Cano "será posible seguir trabajando en ese objetivo".
Por su parte, Astrid Betancourt, hermana de Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002, también expresó su confianza en que con el nuevo líder guerrillero se podrá concretar un acuerdo por la libertad de los rehenes.
Entre las más de 700 personas en poder de las FARC, según cifras del Gobierno, hay 40, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y políticos, soldados y policías, que la guerrilla considera "canjeables" por unos 500 rebeldes presos.
Para negociar el acuerdo humanitario las FARC también han exigido la desmilitarización de las localidades sureñas de Florida y Pradera, en el departamento de Valle del Cauca, a lo que se opone el presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Pagará por la información, aunque niega versiones de que el monto es de U$S 3 millones. Quieren saber de qué murió.