Jaque ordenó una audiencia pública para evaluar el servicio de colectivos

Marcelo Sivera

Ya está decidido. Celso Jaque dio ayer el visto bueno. La audiencia pública por el servicio de taxis -convocada para el próximo 15 de julio- se transformará en una megaaudiencia que abarcará todo el sistema público de transportes, incluidos -por supuesto- los colectivos.

El paro de los choferes del jueves pasado pegó fuerte y el Gobierno busca definir -siete años antes de que se terminen las actuales concesiones- si continuará con el sistema de pago por kilómetro recorrido o si la retribución de las empresas volverá a ser el boleto que pague cada pasajero transportado. Además, enviará a la Legislatura un proyecto de ley para incluir al transporte entre los servicios básicos que está prohibido suspender en forma total.

Estas decisiones empezaron a tejerse desde que el miércoles pasado a última hora, 3.700 choferes de colectivos que ahora van a cobrar entre 3.000 y 4.500 pesos mensuales de bolsillo (con antigüedad) resolvieron -a través de su gremio- que al día siguiente los 250.000 usuarios que utilizan diariamente el servicio en el Gran Mendoza no iban a poder ir en ninguno de los 700 ómnibus del sistema hasta las escuelas u hospitales ni hasta sus empleos.

Los choferes "se ofuscaron" porque les pidieron una espera de cinco días para resolver sobre un aumento adicional de 200 pesos que se agregaba al incremento ya otorgado. En el Valle de Uco y en el Este otros 1.400 choferes de media distancia -igualmente ofuscados- le ofrecieron la misma "gentileza" a otros miles de usuarios desde Tunuyán a San Martín y desde Rivadavia a San Carlos.

Tiempo de definiciones

"El actual sistema es leonino", ha dicho el gobernador Celso Jaque, mostrando claramente su postura en favor de cambiar el sistema o -cuanto menos- de transformarlo profundamente.

En la Casa de Gobierno hay sobradas muestras de que -esta misma semana- se adoptarán definiciones que se venían postergando. Entre el martes y el miércoles el Ejecutivo le comunicará oficialmente a Autam que rechazará su pedido de aumento por kilómetro recorrido (del 40% en la media distancia) y que sólo accederá a otorgar un reajuste parcial por mayores costos que -se estima- no superará el tercio de lo reclamado.

Esta decisión oficial apuntará, además, a aproximar lo más posible lo que paga hoy por kilómetro recorrido ($ 2,98 a una empresa; 3,08 a siete grupos y 3,93 a los dos restantes), reduciendo a unos pocos centavos la diferencia, con la intención de igualar los importes para todas las empresas el año entrante.

Empresarios

Autam es una cámara cuyo núcleo está en los empresarios del Gran Mendoza (Pensalfine, Stocco, Mancuso, Crocceri, Gasque, García, Frusim, Deblasi y Marchetta). Sus líneas facturan entre 1,5 y 4,5 millones de pesos por mes y -según el criterio de "rentabilidad razonable" del 10% acordado entre el Estado y los empresarios en 2005- cada uno de ellos estaría recibiendo por mes entre 150 mil (el que menos) y 450 mil pesos (el que más).

No obstante, en el sector insisten en que estas ganancias "se han visto licuadas" por la inflación, por los mayores costos no reconocidos y por los planes de pago acordados con Rentas, lo que -según dicen- ha llevado la rentabilidad "a lo sumo a la mitad", es decir al 5%.

Hay que destacar que diez empresas de transportes acaparan el "top ten" de las deudoras al Estado provincial en impuesto al automotor por un monto acumulado de 22 millones de pesos (ver tapa del Suplemento Economía). Y que esta semana el juez Walter Bento dispuso el procesamiento de Manuel Castro (El Rápido), Ricardo Campo (Nueva Generación), Tramat SA (Grupo 310), Selva de Campo (Grupo 310), Cecilia Campo (Grupo 310), Luis Grain (TAC grupos 370 y 200), Sebastián Diblasi (Presidente Alvear), Carlos Romero (El Rápido) y Nicolás Frusim (Antártida Argentina), bajo la figura de estafa al Estado nacional por haber cobrado subsidios por colectivos que estaban fuera de servicio.

La ayuda estatal

El Estado nacional aporta al servicio de transporte de Mendoza, 5,8 millones por mes a través de tres subsidios (a los sueldos, al gas oil y a cada unidad) y "ayuda" a pagar los costos para evitar subas en el boleto. También el Estado mendocino destina fondos públicos con un subsidio de 3,3 millones mensuales -para que -igualmente- el boleto permanezca clavado en 1,10. Es decir que el Estado (nacional y provincial) viene destinando todos los meses 9,1 millones al sistema de colectivos mendocino.

Si estos fondos públicos no llegaran el actual boleto de 1,10 treparía a 1,90. No está descartado un posible aumento, pero en la Casa de Gobierno buscarán evitarlo. Es que en Córdoba una medida así terminó en disturbios.