Un ex legislador del PJ pedirá hoy un Jury para el fiscal de Estado

Héctor Belavita denunciará a Pedro Sin porque extravió un expediente con una acción civil para resarcir a dos familias.

Una denuncia contra el Fiscal de Estado Pedro Sin se concretará hoy en la Cámara de Diputados para que se promueva su enjuiciamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El acusador es el abogado Héctor Belavita quien confirmó a Los Andes que realizará esta presentación.

Belavita ocupó una banca en la Cámara baja provincial junto al actual gobernador Celso Jaque entre 1991 y 1995. Luego fue uno de los directores de Vialidad provincial en el gobierno peronista de Arturo Lafalla. Por eso esta demanda contra Sin tiene una inevitable lectura política porque será un ex diputado justicialista quien lo acuse por haber perdido un expediente judicial.

Y será justo cuando Sin ha caído en desgracia política ya que es público el malestar del Ejecutivo con este funcionario que se mantiene en el cargo desde hace 8 años.

El fiscal está señalado por el oficialismo por su presunta inacción y su supuesta inclinación cobista; por lo cual en el círculo íntimo del gobernador Jaque se espera que se vaya. Para eso hay tres caminos: que se jubile, que por presión termine renunciando o, en el peor de los casos, por una acusación formal que lo deje al borde del jury como puede ocurrir en esta situación.

Por eso el mismo Belavita se anticipa y advierte que su decisión no responde a una avanzada peronista contra Sin pero acepta que puede ser interpretada de esa manera. "No me importa, que piensen lo que quieran pero aquí hay dos familias que fueron perjudicadas porque desapareció un expediente cuando estábamos por alcanzar la sentencia", remarcó el letrado desde su despacho ubicado a unos metros de la plaza departamental de Rivadavia.

Pero también es cierto que el antecedente inmediato a esta presentación que se hará hoy en la Legislatura es un pedido de informe a la Fiscalía de Estado para conocer la situación del extravío del expediente. El que hizo este requerimiento es el senador rivadaviense Héctor Gómez que fue asesor legislativo de Belavita hace 13 años.

Precisamente en las oficinas del Palacio de Gobierno donde tiene sede la Fiscalía de Estado, explicaban que la avanzada contra Sin ya se presagiaba por la cantidad de pedidos de informe que surgían desde los bloques legislativos justicialistas y del mismo Ejecutivo.

Esa seguidilla de solicitudes oficiales han alterado el ánimo de los abogados de la Fiscalía y esperaban que Sin regresara ayer a última hora desde Buenos Aires para conocer la actitud del funcionario ante estos cuestionamientos.

El expediente judicial que la Fiscalía perdió contenía el proceso de una acción civil planteada para resarcir con 236 mil pesos a dos familias de Rivadavia damnificadas por una irregular operatoria de vivienda. Los organismos estatales demandados son la Municipalidad y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Como se ha dicho, luego de cuatro años de desarrollo en el Juzgado Civil de Rivadavia, la pieza donde se acumulan los actos en uno de los dos juicios desapareció en la Fiscalía de Estado en la etapa de los alegatos. Es decir, cuando la causa estaba por resolverse.

El mismo organismo de control reconoció la pérdida a través de Eliseo Vidart, subdirector de Asuntos Jurídicos, quien recomendó la reconstrucción del expediente. Pero para Belavita esto "es material y jurídicamente imposible".

El último registro oficial tiene fecha 23 de noviembre de 2006. La sospecha instalada en Rivadavia es que se trató de una maniobra para no comprometer al intendente cobista de entonces, Ricardo Mansur.

El 5 de febrero de este año Belavita radicó una denuncia penal para que se investigue si hubo delito; la causa está radicada en la Segunda Fiscalía Correccional.

Relata el letrado que hay dificultades insalvables para rehacer el expediente, como tomar nuevamente declaración a testigos como un ex funcionario de municipal de apellido Caparrós que ahora vive en España o una asistente social que está con licencia psiquiátrica en la comuna.

Dos viviendas, para una familia de apellido López y para otra de apellido Ortiz fueron adjudicadas en 2001. Ambas tienen hijos discapacitados. Las casas se realizaron con fondos del IPV, pero fueron construidas deficientemente y sobrevaluadas casi en un 100%, con un costo de 27 mil pesos cada una.

Este diario reveló este caso el 27 de agosto de 2001 y apuntó al vecinalista Pedro Frola, quien tramitó las casas ubicadas a 3 kilómetros del centro rivadaviense. Los concejales de entonces Aldo Minelli (PD) y Héctor Gómez (PJ) señalaron a Frola como un colaborador político del intendente radical Mansur.