El Ejecutivo provincial adelantó que para el último trimestre de este año deberá hacer reajustes en el Presupuesto 2008 en las áreas de Salud, Seguridad y -posiblemente- Educación, a pesar de que "hoy estemos recaudando más y gastando menos de lo previsto" en el mismo presupuesto.
Las mayores erogaciones que prevé la Casa de Gobierno están referidas a la suba de costos por inflación en materia de combustibles (en Seguridad) y de insumos hospitalarios (en Salud) antes que a un eventual segundo ajuste salarial, que -sin embargo- ya comenzaron a reclamar sectores municipales y ATE (ver aparte). "No puedo prometer un nuevo aumento de salarios. Estamos abocados a cubrir los costos del aumento anterior", dijo claramente el ministro de Hacienda Adrián Cerroni, quien describió la situación financiera de Mendoza como "complicada, pero posible de equilibrar". Reiteró que "la situación de la Provincia no está comprometida, pero es delicada y es problemática, ya que arrancamos con déficit y los incrementos salariales otorgados complican la situación. Pero consideramos que con la marcha de la recaudación podremos llegar a equilibrarla". Cerroni ratificó que "no queremos elevar el déficit", aunque aclaró que "todo depende de la marcha de la inflación.
"Primero habrá reasignaciones de partidas dentro del presupuesto y luego se pedirán refuerzos de partidas contra mayor recaudación", adelantó el ministro. Estimó como seguro que habrá más recaudación a la prevista en el presupuesto -tal como se consiguió en el primer cuatrimestre- y aclaró que también habrá menos gasto ya que "nunca se ha ejecutado más del 66% de la obra pública prevista en ningún presupuesto".
Cerroni dijo que -en marzo- el lock out del campo afectó los niveles de recaudación "porque hubo menor actividad económica y por lo tanto menor nivel de ventas y de recaudación". Y hacia adelante también alertó que "una suba de las retenciones también afectará a la Provincia, porque los productores pagarán menos impuesto a las ganancias y esto disminuye la coparticipación".
El ministro de Hacienda confirmó que el mes de marzo fue "malo" tanto en materia de recaudación provincial como de coparticipación federal de impuestos aunque consideró "muy buena" la recaudación de enero y "buenas" las de febrero y abril.
Multitema
Cerroni mantuvo una extensa reunión con la prensa en la que abundaron anuncios y definiciones de todo tipo: confirmó que la Provincia renegociará -desde el lunes que viene- la deuda que vence este año con la Nación (387 millones de pesos); ratificó -en línea con las afirmaciones del gobernador Jaque- que no habrá endeudamiento para gastos corrientes ni para cubrir déficit, pero sí búsqueda de crédito internacional para financiar obras de infraestructura. Perfiló que el año entrante puede haber "retoques" a la ley Impositiva que pueden incluir "eliminaciones parciales de exenciones (a Ingresos Brutos) que se estudiarán desde el mes que viene" y que "los decidirá en su momento el Gobernador, según sea el escenario económico".
Asimismo Cerroni insistió en "la necesidad de cubrir el déficit presupuestario (520 millones) antes de aportar al Fondo Anticíclico" para lo cual propone modificar "por este año" la Ley de Responsabilidad Fiscal que obliga a destinar al Fondo Anticíclico, la mitad del "excedente" de recaudación, es decir la mitad de los ingresos que superen a los previstos en el presupuesto. El martes que viene el ministro de Hacienda irá personalmente a la Legislatura para pedir esta aprobación.
La Provincia cuenta con un Fondo Anticíclico de 173 millones de pesos que vienen de la gestión anterior. Estos dineros son administrados por el Fondo de Transformación y Crecimiento y están depositados a plazo fijo en bancos de plaza (entre otros el Nación y el Galicia). Se trata de ahorros indisponibles que únicamente pueden utilizarse en una situación de emergencia, generada luego de tres trimestres de recesión.
Finalmente, Cerroni estimó en 532 millones de pesos el costo de la denominada "paz social de Jaque" en los que incluyó los 7 millones previstos para financiar la tasa del plan de viviendas para la clase media, pero no contempló las distintas transferencias a los municipios, ni el acuerdo que se negocia con un sector de los empleados públicos por la antigüedad no abonada.
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