Acerca del destino de Obras Sanitarias Mendoza
El Gobernador ha manifestado que en el período legislativo en curso insistirá con el proyecto que lo autorice a ampliar la participación de la provincia en OSM. Resulta conveniente recordar ciertas particularidades del servicio de agua y cloacas para emitir juicio sobre esta declarada intención.
En 1993 se sancionó el régimen de “Reordenamiento Institucional del Sector Agua Potable, Saneamiento y la Protección de la Calidad del Agua” mediante la ley 6.044 que significó una profunda reorganización del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales. Se estableció allí con claridad y precisión la política general y los objetivos a alcanzar, procediendo a separar orgánicamente las funciones de regulación, control y policía de los servicios, de la operación o prestación de estos servicios.
La Ley crea un órgano regulador, el EPAS, como ente autárquico del Estado con amplísimas funciones para dictar las normas reguladoras de carácter técnico, controlar los planes y programas de inversión, controlar el régimen de explotación propuesto por los operadores, la calidad del servicio y proponer al Poder Ejecutivo las tarifas y las bases de revisión de las mismas. La estructura institucional del servicio y el marco regulatorio al cual deben ajustarse los prestadores, quedó concluida con la sanción del Decreto 911/95.
En síntesis, el Estado mediante el EPAS dicta las normas técnicas, controla, regula; OSM, y otras entidades prestan el servicio. Dentro de un marco regulatorio claro y preciso, el Poder Ejecutivo, a propuesta del EPAS, establece la tarifa del servicio. Esta separación de dos funciones tan distintas como la provisión de un bien o servicio y el control y regulación es el núcleo del nuevo diseño institucional y al que en la discusión actual se le ha prestado poca atención.
En ese marco jurídico institucional se procedió, mediante licitación pública nacional e internacional, a la venta del 70% de las acciones de OSM, que fue adquirido por un grupo con mayoría de capital nacional, por el que pagaron 150 millones de dólares, mientras que el 30% restante quedó un 20 % en manos del la Provincia y un 10% al personal de la empresa con un programa de propiedad participada. La provincia no vendió las instalaciones de agua y cloacas, sino que otorgó una concesión por 25 años. Al finalizar esa concesión, las instalaciones, el capital físico, volverá a manos del Estado.
La tarifa, establecida en 1991, estuvo vigente hasta marzo de este año. La Provincia tenía la obligación de establecer una tarifa por volumen de agua consumida en remplazo del actual sistema determinado por consumo presunto. Esta tarifa nunca se aprobó, a pesar de que se colocaron 100.000 medidores hoy deteriorados, con un gasto de 10 millones de dólares. Sólo una tarifa por volumen desalentará el derroche de agua potable.
Los problemas derivados de ese atraso tarifario y otros conflictos entre la empresa prestataria y el Estado fueron zanjados en un trabajoso acuerdo celebrado entre el gobierno anterior y la empresa, ratificado tácitamente por la Legislatura.
Para justificar la adquisición de un mayor porcentaje accionario de OSM se invocan diversas razones, tales como la necesidad de tener un mayor control de las decisiones de la empresa, evitar el “inminente colapso” de los servicios, la necesidad de planificar adecuadamente los mismos, o que “otras provincias han hecho lo mismo”. Razones que con relación a los costos, beneficios y consecuencias que la decisión de compra podría implicar, resultan al menos poco consistentes. En cuanto al control, el EPAS tiene amplísimas facultades para llevarlo a cabo.
Parece más razonable destinar los fondos a lo esencial: inversiones para ampliar y mejorar la prestación de servicios antes que comprar acciones.
Queda el asunto de hacia dónde se extiende la provisión de agua, ligado al no resuelto problema de la legislación de uso del suelo. Esta cuestión tampoco se resuelve en el ámbito de la empresa ya que es facultad de la Provincia y de los Municipios la autorización de loteos y construcciones.
En definitiva no aparecen razones valederas para desarticular una organización institucional prolija y correcta en la separación de funciones, cuyos posibles defectos de funcionamiento deben corregirse a partir de un funcionamiento eficaz del ente controlador y no mediante la reestatización de la empresa prestadora del servicio, dada la larga y pobre experiencia de nuestro país en materia de empresas estatales.
