Estatales piden en asamblea el pago de la antigüedad

Marcelo Sivera msivera@losandes.com.ar

Considerando al reclamo judicial una "vía muerta" -a pesar de contar con cinco fallos de conjueces a favor pero uno determinante de la Suprema Corte, en contra- los estatales nucleados en Sitea se reunirán hoy a las 10 en asamblea, en el hall central de la Casa de Gobierno para reclamar "la devolución del ítem por antigüedad que el gobierno de Arturo Lafalla congeló en 1996 y Roberto Iglesias mantuvo hasta el 2003".

El fallo judicial de la Suprema Corte de la Provincia contra el pago de la antigüedad (caso Sozzi) a fines del año pasado, desestimó el reclamo de unos 2.500 docentes y anticipó el criterio que adoptará el máximo tribunal en causas judiciales similares aún no resueltas. Tal es el caso del denominado "expediente Cañas" con unos 15 mil reclamantes. "No hay que esperar un cambio de criterio en la Corte y menos después del acuerdo salarial de los jueces con el Ejecutivo", opinan abogados consultados por los organizadores de la asamblea de esta media mañana.

"Si el Ejecutivo mendocino acuerda con los jueces que les va a pagar la indexación salarial, a pesar de que tiene un fallo de la Corte Nacional que le permite no hacerlo. ¿Por qué no le debe abonar la antigüedad no pagada a los empleados, aunque exista un fallo de la Corte provincial que haya desestimado ese reclamo?", se preguntan los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados (Sitea).

Por tanto, el gremio continuará priorizando la acción gremial con el objetivo de negociar un acuerdo extrajudicial con el Ejecutivo, que permita un reconocimiento y una metodología de pago, que se anticipe a un nuevo fallo desfavorable de la Corte.

"Esperamos evaluar con empleados públicos de la administración central, hospitales, centros de salud, docentes, jubilados y personal de Parques y Zoológico la posibilidad de iniciar un plan de lucha que contemple una protesta el próximo primero de mayo en la Legislatura", afirma Víctor Dagfal, titular de Sitea.

Fuentes tribunalicias confirmaron a Los Andes que el expediente Cañas "ha sido solicitado por el Ejecutivo, se encuentra en la etapa probatoria y hay que esperar unos dos meses para que ingrese en la etapa resolutoria, ya que todavía no se han incorporado los alegatos".

Durante el último año del gobierno de Iglesias y en la gestión de Julio Cobos, el Estado ofreció devoluciones en cuotas que fueron aceptadas por unos 35 mil empleados públicos. No obstante, otros 15 mil estatales permanecieron en desacuerdo con los montos que se pagaron y la forma de liquidación por lo que continuaron litigando en Tribunales. Un millar de ellos, incluso, recibió fallos favorables (de conjueces) y cobró los montos reclamados.

Cambio de escenario

Pero el fallo del "caso Sozzi" -en contra del pago de la antigüedad- dio lugar a otro escenario. En esa sentencia los ministros de la Corte consideraron que los sueldos de los empleados públicos no son "intocables" ya que constitucionalmente no se puede recortar el básico de los salarios estatales, pero sí se pueden descontar adicionales (como antigüedad o título) en caso de emergencia económica y mientras ésta permanezca. El fallo motivó protestas contra la Corte en Tribunales y el pedido de juicio político contra el ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde, que fue rechazado en la Legislatura.