Abandono. El propietarios de este terreno en la ciudad de San Rafael deberá cerrarlo y limpiarlo.
Los terrenos baldíos sin cierres perimetrales y las edificaciones abandonadas se encuentran en la mira de los concejales sanrafaelinos. Es que sólo la ciudad cuenta con unos 2.900 lotes baldíos, que en muchos casos al estar abiertos y sin desmalezar sirven de basurales ilegales, centros infecciosos y espacios donde se pueden esconder delincuentes. Por eso, a través de una ordenanza se intenta reglamentar el cierre y limpieza de estos espacios, con multas que van desde 500 a 1.500 pesos a los propietarios que no cumplan.
“Las razones para controlar el cierre y limpieza de estos lugares son básicamente dos: salubridad y seguridad”, explicó a Los Andes Ángel Brancato, presidente del Concejo Deliberante y autor del proyecto.
Si bien según Catastro de la comuna existen en todo el departamento 3.555 terrenos baldíos, la ordenanza persigue la creación de un registro de actualización permanente que permita la aplicación de esta norma que contempla sanciones para quienes no hagan el cierre con material o no limpien de malezas.
Así, el cierre de los terrenos ubicados dentro de la ciudad de San Rafael podrá ser de ladrillos, bloque de hormigón, adobe revocados de mezcla de cal y arena, o de otros materiales que previamente acepte la oficina de Obras Públicas de la Municipalidad y con una altura de dos metros, no permitiéndose la construcción de cierres de alambrado.
A pocos metros del kilómetro Cero, sobre avenida El Libertador, hay un lote baldío que a pesar de tener un precario cierre despierta constante preocupación en los vecinos de los comercios y edificios aledaños. Como ése hay muchos en la ciudad, en otros generalmente se arrojan escombros, residuos y hasta animales muertos, con los consecuentes inconvenientes sanitarios que deben sufrir quienes habitan en los alrededores.
“Los terrenos baldíos y construcciones abandonadas no sólo afectan la salubridad pública, sino también generan una grave problemática social a raíz de las ocupaciones irregulares por particulares, los que en ocasiones generan diversos inconvenientes desde el punto de vista social, urbanístico y de seguridad”, fundamenta Brancato. Y agrega que debido a esto “resulta imperativo una fuerte intervención del municipio”, alcanzando a las parcelas de hasta 1.000 metros cuadrados de superficie que no estén edificadas o construcciones en estado ruinoso o inhabitable.
Una vez que entre en vigencia la reglamentación, los propietarios de los lotes y edificaciones en cuestión contarán con 180 días para adecuarse a la norma. Si al vencerse ese plazo no se cumplieron los requerimientos se le cobrará una multa de 500 pesos al propietario y se le extenderá una prórroga de 30 días para realizar el cierre.
Pero esto no quedará sólo en el pago de la sanción, sino que al vencerse el último plazo, la Municipalidad procederá a cerrar las propiedades, a completar la altura de los cierres existentes, o a revocarlos según corresponda, por cuenta de los dueños de los terrenos afectados, es decir que por la vía del apremio les cobrará el importe de los trabajos que se realicen.
Los dueños de baldíos y construcciones abandonadas deberán mantener el lugar “libre de malezas, basuras, residuos y de cualquier materia que signifique riesgo y peligro para la salud o seguridad pública”. Transcurrido el plazo de 15 días para la limpieza del baldío, las multas irán desde los 500 hasta los 1.500 pesos dependiendo de la superficie del terreno.
Cerca de 200 familias no pueden escriturar sus viviendas por falta de obras hidráulicas. Viven en loteos no aprobados.
