Por su déficit, OSM busca otro aumento, pero de 40%

Señalan que el objetivo principal del Ejecutivo “es asegurar el servicio a toda la comunidad".

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Tras las explicaciones dadas por el subsecretario de Servicios Públicos, Marcelo Costa, y mientras los diputados analizan el pedido del Ejecutivo de autorizar la compra del 20% de las acciones clase C que Saur Internacional tiene en OSM, desde la empresa salieron a fijar su posición al respecto. Esto incluye otro ajuste, del 40%, sobre la tarifa domiciliaria, que el Gobierno se comprometió a considerar.

Desde la sede de calle Belgrano el pedido llegó hasta el 7° piso de Casa de Gobierno. "Si tenemos que cumplir con la carta entendimiento ( $48 millones en obras no ejecutadas) no podemos pagar los sueldos", fue el planteo al Ministerio de Infraestructura.

Indirectamente, Costa lo había expuesto a los legisladores el jueves, al informar sobre las condiciones para adquirir las acciones. "En dos meses el servicio puede colapsar", les dijo. Ahora, en el Ejecutivo analizan el pedido de los concesionarios, y no descartan la vía del subsidio a la tarifa, que actualmente asciende a $1,5 millón anual aproximadamente, y beneficia a jubilados y carenciados.

El pedido privado, que se sustenta en un déficit proyectado de $15 millones a fin de año y en que el último aumento del 19,7% corresponde a números del 2005, le resulta útil al Gobierno para apurar la autorización legislativa, bajo el argumento de la necesidad de garantizar la prestación. Pero aún así deja dudas.

Si bien el jueves 3 se conocerá el nuevo balance de la empresa, clave para empezar a definir el monto de la potencial operación, fuentes cercanas a los accionistas sostienen que la base de capital superaría los $260 millones. El cálculo parte del ajuste aplicado a los $218 millones que arroja el informe contable-financiero realizado por la UNC a diciembre de 2005.

Para los accionistas, existe un elevado riesgo técnico, un "defecto de caja" que proyecta pérdidas por $1,2 millón sólo en abril. A eso se suma una deuda de $18 millones con un grupo de cuatro bancos internacionales entre los que está el francés Beal y el Standard Bank . Y, según una estadística elaborada por OSM, un incremento en insumos críticos (caños de PVC, válvulas, cal) que desde 2001 acumula entre 120% a 370% en algunos casos.

Por eso, el desfinanciamiento de la empresa, argumento repetido hasta el cansancio y ahora tomado por el Gobierno, deja varios interrogantes a los legisladores. ¿Porqué el Estado debería incrementar su participación en OSM, cuando eso implica asumir una mega-deuda y falta de rentabilidad?.

Contrapuntos

Mientras sigue el proceso por el planteo de inconstitucionalidad del acuerdo en la Justicia, en la Legislatura, Costa expuso que el objetivo principal del Ejecutivo es asegurar el servicio de agua y cloaca a toda la comunidad". Según el funcionario, que días atrás había dicho que el aumento tarifario "no arregla nada", volvió a la carga con otra sentencia: que en los últimos años la provincia colocó unos 22 millones de pesos "para realizar las inversiones que la empresa no había realizado. Había dos alternativas: o el Estado dejaba caer la concesión o compraba las acciones".

La otra discusión: ¿porqué no la primer opción?. Y, sobre todo, ¿cómo se financiará la compra?. En primer lugar, los funcionarios sostienen que habría llevado hasta un año otra concesión. Y especulan con que la Nación, a través de AYSA (Agua y Saneamiento de Argentina), aportará buena parte de los fondos.

Desde la conducción de OSM mostraron una postura diplomática. "Sería sano tener al Estado como socio, por lo que puede aportar de transparencia al usuario sobre la administración del servicio y un control cotidiano", expresó el vicepresidente, Federico Qüerio.

No obstante, algunos disienten sobre el aporte estatal, al estimar que fueron unos 8 millones, destinados a financiar obras hidráulicas. E insisten en hacer hincapié en el estado financiero ("sólo hacemos las reparaciones para mantener el servicio"), Públicamente le bajan el tono apocalíptico a las declaraciones de Costa. "El pago está asegurado al cuarto día hábil del mes", subrayó el vocero Alejandro Coll.