Buenos Aires. La transformación de las instituciones neuropsiquiátricas en comunidades terapéuticas abiertas y el seguimiento judicial y médico de los enfermos que ocupan las 25.000 camas de esos establecimientos en el país son los principales desafíos en el campo de la salud mental argentina, según especialistas en el tema.
Así lo afirmaron ayer sanitaristas, jueces y abogados -argentinos y del exterior-, durante un seminario sobre salud mental, derechos humanos y tratados internacionales, que se desarrolla en Buenos Aires, convocado por la Corte Suprema de Justicia y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En sintonía con los lineamientos de la Declaración de Caracas en la década de 1990, los especialistas abogaron para que el tratamiento en los neuropsiquiátricos no supere los 30 días y las sentencias judiciales que autorizan las tutelas sean revisadas por los letrados y se extiendan el menor tiempo posible.
"Hay derecho a recibir tratamiento y hay derecho a negarse si esto implica un encierro indeterminado", afirmó el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, durante la apertura del encuentro.
"La regla es la libertad: la restricción siempre debe ser argumentada como excepción", dijo Lorenzetti y explicó que para autorizar una internación que restrinja la libertad de un paciente "debe probarse la amenaza de daño para sí mismo y para terceros y esta decisión debe revisarse permanentemente".
En Argentina, alrededor del 1% de la población de entre 18 y 60 años padece algún tipo de trastorno mental severo, como la esquizofrenia. La cifra se eleva al 3% si se suman otras patologías menos agudas, como la bipolaridad y la depresión.
Los pacientes con trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico, suman alrededor del 15% y, en total, el 19% de la población argentina tiene algún tipo de trastorno mental. Agencia Télam
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