Así no empezamos. Delegados del gremio docente esperan el resultado de las paritarias en la Subsecretaría de Trabajo.
Celso Jaque no pudo conseguir todo el dinero que necesitaba para cumplir la promesa hecha a los docentes y, por lo tanto, tampoco pudo evitar que el ciclo lectivo comience con un paro. Por eso mañana los maestros iniciarán el año con una movilización por calle San Martín y no frente al aula. Recién el martes por la tarde, luego de las 48 horas de huelga, se reverá la situación. Para ese día la Subsecretaría de Trabajo llamó a una “conciliación voluntaria”, aspirando a que las partes vuelvan a sentarse en la mesa de paritarias. Los celadores sí aceptaron la propuesta del Ejecutivo.
En la negociación el Gobierno se topó con su propia torpeza: había prometido a los docentes elevar el piso salarial a 1.290 pesos que, sumado al incentivo docente, garantiza un sueldo mínimo de 1.400 pesos. Pero además se había comprometido a pasar al salario básico el ítem 084 y tener en cuenta el “estado docente” para calcular la antigüedad. Hasta allí todos de acuerdo, incluso la asamblea del SUTE aprobó la moción. Pero las cuentas no le cerraron al Gobierno y tuvo que dar marcha atrás con la oferta. De manera automática los docentes comenzaron a activar su plan de protestas que ya habían votado en la asamblea.
La propuesta que el viernes hizo el Gobierno omitía el pase al básico del 084 y del “estado docente”, medida que traccionaría hacia arriba los salarios por el cálculo de la antigüedad y la zona. Durante todo el día de ayer el gobierno de Jaque buscó mecanismos de financiamiento para solventar el aumento docente. Incluso los funcionarios de Hacienda y de la Dirección de Escuelas estuvieron en contacto con referentes del Ministerio de Educación de la Nación para pedir asistencia financiera.
Originalmente se habían destinado 300 millones de pesos al aumento docente. Según se supo el dinero “recaudado” a último momento alcanzaba para pagar la promesa de elevar el básico, pero desde el mes de abril. Y los dirigentes del SUTE rechazaron esa última oferta y ratificaron el paro. “Cuando estábamos por cerrar el acuerdo apareció otra sorpresa: nos ponían un tope de 320 millones de pesos para todo, es decir que no estaba la plata para cumplir con lo prometido”, explicó Eduardo Franchino, secretario general del SUTE.
Luego de la negociación, los representantes de la DGE no se presentaron a la paritaria y lo que antes era diálogo se transformó en conflicto. Como última alternativa en el Gobierno querían dictar la conciliación obligatoria, para evitar el mal trago de que el primer ciclo lectivo de Jaque como gobernador comenzara con conflictos. Pero internamente se revisó esa medida. El problema es que quedó de manifiesto el error del Ejecutivo en la negociación, por eso sólo llamaron a la “conciliación voluntaria”. Todos los funcionarios y el propio Jaque evitaron hablar del error de cálculo que derivó en el segundo paro que debe enfrentar la gestión.
Marchas y contramarchas
Los docentes llegaron desconfiados a la reunión y cargados con carteles contra el Gobierno. Para intentar disminuir la presión los funcionarios trasladaron la negociación a una “mesa chica” con los representantes gremiales en Casa de Gobierno. Allí hubo funcionarios de Hacienda, del Ministerio de Gobierno y la DGE. Y vía teléfono estaban los colaboradores más cercanos al gobernador Jaque. Al mismo tiempo se intentaba conseguir respaldo en la Nación para mejorar la oferta salarial. Y se manejaba como alternativa aumentar el rojo del ya deficitario presupuesto provincial.
Pero ninguna propuesta igualó lo que originalmente habían acordado Gobierno y gremio, por lo que el SUTE ejecutó las medidas de fuerza que los docentes votaron en su plenario. Y los representantes de la DGE ni siquiera se presentaron para reanudar la reunión de paritarias. “Como no hay acuerdo comienza una etapa de conflicto. Igualmente apostamos a que haya acuerdo, por eso pedimos la conciliación voluntaria”, sostuvo Mario Adaro, subsecretario de Trabajo.
Los docentes aclararon por escrito que el diálogo se rompía por “falta de cumplimiento por parte del Gobierno” y no por falta de acuerdo. En el Ejecutivo aún no se decide si descontarán o no los días de paro.
Una apoderada rescataba carpetas de los juzgados concursales y los incineraba para beneficiar a los deudores. Posibles coimas.
La política mendocina marcha sin rumbo ni brújula. El gobierno naufraga en un mar repleto de islas contradictorias entre sí, la mayoría de las cuales están sometidas a un único poder central. Una fenomenal crisis institucional que requiere soluciones originales.