Rentas: queman expedientes para borrar deudas fiscales

Salvados. Estos son los documentos que se salvaron de la hoguera y la principal prueba de la investigación.

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Jorge Fernández Rojas - jfernandez@losandes.com.ar

Ésta es una historia de cuatro expedientes judiciales que se salvaron de la hoguera y parece ser sólo un episodio de una crónica mayor que encierra toda una trama de maniobras irregulares que hace epicentro en la Dirección General de Rentas (DGR).
Se trata de una serie de movidas que son sospechadas desde hace tiempo entre el personal del organismo recaudador, pero que nunca fueron probadas, y apuntan principalmente a una abogada apoderada de la DGR que interviene en los juicios contra los contribuyentes que son deudores impositivos crónicos.
Es Aída Yolanda Lausi quien, desde su posición, perjudicó al Estado, por lo menos en un caso. Así lo indica un dictamen interno del Ministerio de Hacienda del 1 de febrero pasado donde el sumariante oficial recomienda sancionar a la abogada con una suspensión (ver aparte).
Las carpetas que no fueron quemadas llegaron a la redacción de Los Andes a través de un testigo de esas operaciones y ese mismo informante señaló una propiedad ubicada en el departamento de Tunuyán como el lugar de las fogatas.
La casa se encuentra a 5 kilómetros al sur de la ciudad de Tunuyán, a la vera de la ruta 40; según las boletas de servicios de la propiedad la identifican como “Calle Crayón s/n La Primavera. Tunuyán - Mendoza”. De acuerdo a las boletas de servicios que pudo observar este diario, son dirigidas a Aída Yolanda Lausi.
En ese predio de unas 5 hectáreas y que en el frente se levanta la vivienda, se producían las quemas de “cientos de expedientes judiciales”, relató el informante. Los documentos que iban a la hoguera guardaban en sus fojas planillas impositivas de contribuyentes concursados o en convocatoria de acreedores. Precisamente los expedientes que motivan este informe fueron rescatados del pozo donde se depositaban los desperdicios domésticos que luego serían quemados. Ese hueco finalmente fue tapado y se construyó en ese espacio un horno a leña que todavía se puede ver costeando la propiedad en un camino de servidumbre.
Esta descripción del testigo que detalló es útil para comprender cómo es qué iban a parar allí expedientes judiciales que deberían estar bajo custodia judicial.
¿Dónde están?
Las cuatro carpetas tienen los siguientes títulos: “N°: 27.851 - DGR en juicio 22.843 Lahoz Hnos. SA por concurso (iniciado: 15/08/97)”; “N°: 39.505 - DGR en juicio 30.205 Sucesión de Victorio Juan Mazzolo por quiebra por incidente de verificación tardía (iniciado 06/09/2002)”; “N°: 39.033 - DGR en juicio 31.965 Gabriel Cánovas e Hijos SACIA por quiebra por incidente de verificación tardía (iniciado: 07/08/ 02)”; y “N°: 9.036 -DGR en juicio 4.144 Rusalem Enrique Juan por quiebra por incidente de verificación (iniciado 05/08/2002)”.
Los tres primeros expedientes corresponden al Primer Juzgado de Procesos Concursales y el restante al Tercer Juzgado del mismo fuero.
Este diario realizó un trámite de “prolija búsqueda” ante los tribunales apuntados para conocer el estado judicial de esta documentación.
Las respuestas a estos pedidos formales fueron: el expediente 27.851 fue archivado en un paquete judicial denominado “CD-003- 6/6/02”; el expediente 39.505 llamativamente “no arrojó resultado positivo”; en tanto el 31.965 según el juzgado se encuentra archivado desde 2005 junto a otros cinco expedientes en un mismo paquete identificado como “DO-7-05”. Hay que aclarar que el estado de “archivo” significa que estos documentos se encuentran en los depósitos judiciales en Maipú.
La última curiosidad que deparó esta averiguación en los tribunales concursales es la condición del expediente 9.036 que, según informaron los empleados, está “paralizado” en el mismo juzgado y que para llegar a verlo hay que pedir la “desparalización”. Paralizar un expediente en términos tribunalicios “es una forma de archivo pero en el mismo juzgado”, según explicó diligente el judicial que atendió a este diario.
La misma protagonista
En todos los casos aparece una copia certificada del poder de representación legal concedida a la abogada Lausi y a otra letrada llamada Silvia Cristina Ranchilio. Esa acta notarial fue firmada por el escribano de Gobierno, Guillermo Amaya, el 2 de julio de 1997 con la presencia del gobernador de entonces, el justicialista Arturo Lafalla, y la ministra de Hacienda, Ana María Mosso.
Lausi, de acuerdo a las presentaciones que se registran en las páginas chamuscadas, se presenta en los juicios por quiebra en nombre del fisco para reclamar como acreedor privilegiado. Lo sorpresivo es que estos expedientes en cuestión hayan sido rescatados de una quemazón en su propiedad de Tunuyán, que ha sido habitada en su momento por ella o por sus parientes directos, asegura el testigo que relató la historia.
La letrada, que cobra como abogada del Estado unos 2.300 pesos por mes, según consignan en la misma repartición, ha realizado costosos viajes a Europa y a Estados Unidos, de acuerdo a la descripción de quienes la conocen familiar y laboralmente. Aunque también cobra honorarios como abogada del Estado, esos dineros parecen exiguos para semejantes gastos evidenciados.
La dependencia en la que se desempeña esta profesional de 68 años es el departamento jurídico de la DGR y la responsable es la abogada Cristina Spano, quien también actúa en los juicios como patrocinante del Estado.