Política

jueves, 04 de diciembre de 2008

El fiscal federal Guillermo Marijuán amplió la denuncia contra la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, para que se investiguen presuntos desvíos de fondos destinados a obras en la provincia de Córdoba. Así lo revelaron ayer fuentes judiciales, al día siguiente de la salida de Picolotti del Gobierno nacional. La ahora ex funcionaria nacional, así como el Gobierno, mantuvieron ayer silencio sobre su desplazamiento.

La nueva denuncia, que se suma a las irregularidades analizadas desde el año pasado por la Justicia, tras una investigación del diario Clarín, refiere a una información que llegó vía mail a la casilla de la fiscalía a cargo de Marijuán.

El fiscal pretende determinar si hubo delito en la contratación de supuestos punteros políticos para un proyecto de limpieza de barrios marginales llamado "eco recolectores". De acuerdo con la denuncia llegada a la fiscalía, el dinero habría sido utilizado para la campaña electoral del año pasado, según dijeron fuentes judiciales.

Así, según las mismas fuentes, se habrían gastado 303 mil de los 650 mil pesos girados por la cordobesa Picolotti a la Municipalidad de la capital provincial, que en ese entonces encabezaba el ex kirchnerista y ahora opositor Luis Juez.

El ex intendente cordobés, quien se enfrentó al Gobierno nacional y denunció un fraude en la elección provincial del año pasado, negó cualquier tipo de irregularidad durante su gestión. "La plata fue depositada en una cuenta especial y esa misma documentación se la dimos a la Justicia el año pasado. No nos metan en esto porque nosotros somos decentes", aseguró.

El fiscal pidió a la jueza federal María Servini de Cubría que vuelva a allanar las oficinas de la Secretaría de Ambiente para obtener documentación sobre el traspaso de fondos a la municipalidad cordobesa, si es que estos papeles no se encuentran entre los ya obtenidos de esa dependencia nacional.

Marijuán también solicitó que la Justicia federal cordobesa, vía exhorto, secuestre y remita los legajos de tres ex funcionarios de la Secretaría de Ambiente cordobesa que integraban la fundación presidida por el cónyuge de Picolotti.

El fiscal también pretende que por la misma vía se obtenga y envíe a Buenos Aires toda la documentación que haya en el municipio cordobés sobre el convenio con la Secretaría de Ambiente nacional. Además, que se cite a dos testigos: Diana Rahab y Raúl Montenegro, titular de la fundación Funam y actualmente de viaje por Alemania.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el fiscal no descartaría viajar en persona a la provincia de Córdoba. La Justicia secuestró recientemente abundante documentación en diversos procedimientos vinculados con las denuncias del año pasado contra Picolotti.

Esos papeles serán sometidos a pericias, con lo que un eventual llamado a indagatoria respecto de la ex funcionaria no sería inmediato, según evaluaron las fuentes consultadas en los tribunales federales.

Picolotti es investigada por la contratación de parientes y amigos, el uso de jets privados, la compra de equipos y el rol de la fundación Argentina.

En un documento publicado anoche, el Ombudsman nacional Eduardo Mondino es lapidario: "El desempeño de la autoridad de Cuenca encabezada por la saliente secretaria de Medio Ambiente ha resultado ineficaz", comienza.
 
"El balance es negativo y así lo expresamos al juez de ejecución, porque ninguno de los plazos ha sido cumplido". Mondino encabeza el Cuerpo Colegiado de cinco ONG's a las que la Corte Suprema le encargó controlar el cumplimiento del Plan de limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. CC

Lucio Fernández Moores - Especial para Los Andes

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