Departamentales

jueves, 04 de diciembre de 2008

La Municipalidad de Guaymallén confirmó que procederá a demoler el inquilinato de calle Maza 899, de Dorrego, donde habitan en condiciones infrahumanas un número indeterminado de personas, que excedería a las 60, muchos de ellos niños.

El director de Comercio, Mario Pinazo, dijo que desde el martes comenzó a correr el plazo de 15 días, para que las humildes familias que ocupan piezas en ese lugar vayan reubicándose.

Varias de las mujeres que tienen ese techo, con sus hijos menores, y algunos jefes de hogar, se presentaron ayer en la Dirección de Desarrollo Humano, en San José, para reiterar el pedido de colaboración a la comuna.

Hasta esa oficina llegaron, entre otros, los matrimonios de Gabriel García y Ester Chirri, Guillermo Macho y Valeria García, Víctor García e Iris Machuca, jujeños, con chicos de corta edad, y Edgardo Romano y Doris Pita, esta última peruana. Cada una de estas personas relató cuadros de gran dificultad y el temor de no tener a dónde ir en el corto plazo.

Lo que hizo el municipio que gobierna Alejandro Abraham fue comenzar a censar a los grupos establecidos en ese oprobioso lugar. No todos llegaron a las dependencias municipales, aduciendo algunos la necesidad de cumplir con horarios laborales.

El director de Desarrollo Humano, Rafael Moyano, señaló que la repartición tratará de ayudar, pero el auxilio no podrá ser permanente y continuo. "Por ahora lo que vislumbramos es otorgar algunos pequeños subsidios, que serán pagados a quienes les alquilen", dijo Moyano por teléfono, ya que ayer se encontraba en Buenos Aires, gestionando acciones para su área.

También afirmó que se deben coordinar medidas con el área de Emergencia Social del Gobierno provincial y con los consulados de Perú y Bolivia, por cuanto hay ocupantes del precario sitio que tienen esas nacionalidades.

Moyano se comprometió a prestar la mayor atención posible a los niños que integran esa familia, muchos de los cuales tienen menos de 5 años.

El director de Comercio, por su parte, esperará que pasen aproximadamente dos semanas y dará la orden de demoler el alojamiento.

"Allí no puede vivir nadie, ya estamos corriendo un grave peligro por el estado de las instalaciones eléctricas, por lo que una vez cumplido el plazo derrumbaremos esas paredes", aclaró Pinazo.

El mismo destino tendrán los albergues de Guillermo Molina 177 y de Remedios Escalada y G. Molina, también de Dorrego. En estos últimos casos, según el municipio, se están aguardando las órdenes de allanamiento para detectar las irregularidades y proceder a disponer la destrucción de esas propiedades.

Estas determinaciones, necesarias desde el punto de vista de la seguridad edilicia, acarreará consecuencias a grupos humanos de escaso valor adquisitivo y con chicos a cargo.

Miguel Títiro - mtitiro@losandes.com.ar

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