Apoyo. Por la tarde, hubo una marcha a favor del proyecto. (DyN)
Con el apoyo del socialismo, Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social, Diálogo por Buenos Aires y el Partido de la Concertación, el kirchnerismo se garantizaba anoche la aprobación en general del proyecto de eliminación del sistema privado de jubilaciones, si bien varios de estos aliados circunstanciales habían anticipado su disidencia con varios artículos en la votación en particular de la iniciativa.
A pesar de que la discusión punto por punto se prolongaba hasta la madrugada, el Frente Para la Victoria (FPV) e incluso la oposición daban por descontada al cierre de esta edición la media sanción de la iniciativa del Poder Ejecutivo, que en su derrotero por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social recibió doce modificaciones para asegurar el apoyo de varios bloques que cuestionaban algunos de sus artículos.
El miembro informante de la bancada oficialista, Juan Carlos Díaz Roig, consideró la de ayer como "una fecha histórica" tras defender el proyecto que puso fin al sistema privado que denominó "ley de insolidaridad previsional".
La oposición al proyecto estuvo liderada por el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO, varios partidos provinciales, y los peronistas disidentes que, con los bonaerenses Jorge Sarghini y Felipe Solá, y el mendocino Enrique Thomas a la cabeza, ensancharon aún más la distancia que ya venían manteniendo con el oficialismo desde el debate de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias y quedaron al borde de la ruptura.
Para llegar a un escenario tan favorable el FPV debió hacer lugar a varios planteos de los partidos que finalmente le dieron su apoyo.
Esos cambios apuntaron a asegurar que los fondos que pasarán al Estado serán destinados al pago de los beneficios del sistema y a garantizar un doble control a través de una comisión bicameral y el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, integrado por representantes de la Anses, de la Jefatura de Gabinete, de las centrales sindicales, del empresariado, de las organizaciones de jubilados y de los bancos.
La sesión se inició apenas después de las 11.30 cuando el FPV logró el quórum con la presencia de sus aliados circunstanciales, mientras el resto de la oposición se mantenía detrás de los cortinados para no favorecer el número.
La lista de más de 100 oradores puso en evidencia que el debate se prolongaría más allá de la medianoche, de modo que la sesión transcurrió en medio de una calma inusual -no había gente en las bandejas superiores y los alrededores del Congreso fueron vallados por la Policía para evitar el ingreso al recinto de eventuales manifestantes- sólo alterada por una discusión más que encendida entre las diputadas María América González (SI) y Patricia Bullrich (Coalición Cívica) apoyada con aplausos por oficialistas y opositores.
González acusó a la ex ministra de Trabajo de la Alianza de haber pretendido en su momento "regalar" el sistema de reparto: "Nos quería convencer de que el sistema privado tenía que ser para todos", dijo y sentenció: "Acá no puede hablar, no tiene autoridad moral ?la piba' para hablar", en alusión a la forma en que Bullrich fue bautizada por la dirigencia sindical.
La diputada de la Coalición Cívica contraatacó al atribuirle a la ex abogada previsional haber tramitado un juicio contra el Estado por 400 mil dólares con su marido: "Quiere cambiar (el sistema) porque gana plata con el sistema de reparto. Le paré el juicio y por eso se fueron a la quiebra", advirtió, tras lo cual González aclaró que nunca había sido socia de su ex marido y que se la confundía con otro abogado del mismo apellido.
En el que podría considerarse como uno de los discursos más equilibrados, el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano justificó su decisión y la del bloque del SI de apoyar el proyecto oficial a pesar de haber votado en contra todas las iniciativas tratadas, desde las retenciones móviles en adelante.
Se embolsaron 110 millones de dólares que deberían haber ido a parar a aportes para un "servicio universal" que se anunció durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Procesaron a dos ex funcionarios de la Alianza por no haberlas sancionado.
El enfriamiento de la economía por la crisis internacional y por causas endógenas ha generado en el país retracción del consumo, despidos y malos augurios, pero también tiene su lado positivo: la inflación se desacelera.
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| Actualizado : 24/05/2012 | 08:32 Ver condiciones en www.montemar.com.ar | ||
