martes, 11 de noviembre de 2008
Los Kirchner tuvieron más de 5 años para crear un sistema de control y gestión público que forjara las bases de un nuevo Estado. Pero en vez de crear ese nuevo sistema, se dedicaron sólo a deslegitimar el sistema privatista. Lo mismo que hicieron década y media atrás los privatistas con el anterior sistema estatal.
Y el efecto en siempre igual: quien cree que con la mera destrucción del modelo anterior surgirá el nuevo, sólo logra que el nuevo modelo reproduzca los defectos del viejo.
Por eso al viejo sistema jubilatorio de reparto -ya quebrado- se lo cambió en los ‘90 por uno de capitalización que nació mal parido. Y ahora, con el mismo Estado que teníamos en los 80 y 90 -pero aún más deteriorado por falta de uso- volvemos al viejo sistema de reparto en vez de usar la ocasión para crear uno distinto que sintetice -superando- a los dos fracasos.
En nuestra cultura cíclica reaccionaria, con cada cambio no sólo se vuelve atrás, sino que se deteriora aún más lo que ya estaba deteriorado. Entonces, los ciudadanos con cada cambio pierden algo más. Mientras que los que ganan son los políticos del gobierno central y sus socios de ocasión. Es que cada década cambian de propiedad los patrimonios públicos sin cambiar su organización, sus conductas, su gestión, su control, la calidad dirigencial.
Así, con la privatización del sistema jubilatorio un grupo de empresas creadas al efecto se convirtieron en nuevos ricos sin esfuerzo alguno mientras que los políticos privatizadores le quitaron el 15% de la coparticipación a las provincias y aumentaron impuestos, para así recuperar los fondos que dejaban de percibir por darlos a las administradoras privadas.
Y hoy, los mismos políticos (las mismas caras de los 90 pero ahora en vez de privatistas, estatistas) no le devuelven ni la coparticipación a las provincias ni los impuestos a la gente. O sea que recuperan los fondos privatizados pero se quedan también con la plata que le sacaron a las provincias y a la gente cuando los privatizaron.
Tanto cuando privatizan como cuando estatizan, los únicos que hacen negocio desde lo público son los del Gobierno nacional, que con cada una de estas decisiones logran que el Estado obre al mismo tiempo dos milagros: ser cada vez más poderoso y ser cada vez más ineficiente. Dos caras de igual moneda.
¿Y por Mendoza como vamos?
Con esta lógica nacional, a las provincias no les queda mucho más que encarar su propia privatización de las conductas políticas.
Como vivimos en un régimen que se dice federal pero que es un sistema unitario hecho y derecho, los gobernadores devienen, o impotentes o esquizofrénicos. Es que su única forma de recuperar la autonomía es luchar contra un Gobierno nacional que se las quitó, pero si luchan contra ese gobierno, les quitan los fondos que antes eran suyos pero que ahora administra el Estado central y dispone su uso a entera voluntad discrecional.
Por ende, como los gobernadores no son ni chicha ni limonada, privatizan sus conductas.
Veamos algunos ejemplos de la semana:
1) El hecho político local más significativo de la Mendoza de hoy es una refriega palaciega en el departamento de Santa Rosa entre una elite política local dividida por enconos personales desde hace tiempo, que libra su lucha privada en el territorio público municipal.
2) El hecho institucional más significativo de la Mendoza de hoy es el doble pedido de jury a una magistrada donde, en el primer pedido toda la clase política “oficial” (la peronista y la radical) salva del jury a la jueza por cuestiones estrictamente personales. Y que en el segundo pedido, no la salva, también por cuestiones estrictamente personales: para salvar sus pellejos cuestionados por la opinión pública, debido a la primera decisión.
3) El hecho político federal más significativo de la Mendoza de hoy no es el de encolumnar a toda la dirigencia y ciudadanía para reclamar juntos los dineros que corresponde nos devuelvan por el traspaso jubilatorio, sino el de nombrar a cargo de la Anses local a un hombre de confianza personal del poder político local.
La política deviene, así, una serie de conductas públicas por razones personales, que es lo único en que se pueden distraer las elites provinciales carentes de todo poder de decisión.
Porque en la Nación manda un gobierno hegemónico y centralista. Y a la conducción provincial se la disputan los poderes económicos a falta de un verdadero poder político. Por Carlos S. La Rosa - clarosa@losandes.com.ar