Cobos inició querella “lingüístico-judicial” al senador Aguinaga

En lo que se estima el comienzo de un proceso judicial con tantas consultas a códigos como a diccionarios, el abogado Alejandro Acosta presentó ayer en el Primer Juzgado Correccional del juez Orlando Vargas, la querella del gobernador Julio Cobos por “injurias” contra el senador demócrata, Carlos Aguinaga.

Todo indica que el debate judicial tendrá un punto central en la dilucidación del significado del término “banda” utilizado por el senador para referirse al grupo formado por el actual gobernador, algunos de sus funcionarios presentes y pasados y el intendente de Godoy Cruz.

Según trascendió en tribunales, el escrito de Acosta considera que existió “difamación” al haberse usado un término que connota un contenido delictivo. Y subraya que esa acusación recayó sobre personas que no figuran en ninguna investigación judicial ni legislativa como posibles responsables de los hechos investigados (la estafa de los Vale Más). “En nombre de la defensa del interés público no se puede difamar”, es el argumento.

Por su parte, las declaraciones del senador Carlos Aguinaga permiten visualizar que su estrategia apuntará a desvincular el término “banda” de cualquier contenido delictivo. “Yo hablé de banda, no de banda de delincuentes, aunque tengo una opinión formada sobre el tema, que me la reservo”, ha dicho Aguinaga, quien -al parecer- asumirá su propia defensa “para probar que mis denuncias son ciertas”.

Un punto clave a resolver es el de los fueros del legislador, que se ha mostrado dispuesto “a no ampararse” en ellos y se ha presentado voluntariamente ante el Primer Juzgado Correccional, aunque todavía no ha iniciado el único procedimiento válido para una suspensión efectiva de fueros: el pedido expreso de su desafuero ante la Cámara de Senadores.

El proceso ahora transitará por una declaración de competencia del juez interviniente, un traslado a la parte querellada y una convocatoria a una audiencia de reconciliación cuyos plazos de ejecución dependen en gran medida del volumen de causas existentes en el juzgado.

Por su parte, el ministro Sergio Pinto efectivizó su presentación espontánea y se puso a disposición de la Justicia para una eventual investigación sobre su evolución patrimonial.

En tanto, no se registraron novedades respecto de la anunciada denuncia de Proms (la empresa emisora del Vale Más) contra el gobernador Cobos por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, calumnias e injurias”. En el Ejecutivo consideran improbable la presentación de esta querella. “Ninguna persona jurídica puede considerarse ofendida en el honor. Sólo pueden hacerlo las personas físicas”, destacan especialistas. Además, “la empresa está incluida en una de las líneas de investigación de la Justicia”, aseguran.

La búsqueda de responsables por la estafa de los Vale Más transita por caminos tanto jurídicos como políticos y su marcha muestra que está altamente influida por el clima preelectoral. / Marcelo Sivera