Sería ingenuo pensar que la llamada crisis de los partidos -que parece persistir en el escenario político nacional- sólo afecta a tales organizaciones. La crisis de los partidos es, también, una crisis de las élites que actúan a través de ellos, una crisis de los políticos.
Por esa razón, cuando desde esferas oficiales se hacen declaraciones sobre el fin de la antigua partidocracia, no se sabe en qué medida es una crítica que se vuelve contra ellas. Probablemente, el resultado más deseable de este proceso es el cambio de las élites, no el de los partidos.
Esta crisis de élites se manifiesta en las sustanciales transformaciones que se vienen operando en el liderazgo político. Aparecen nuevos actores sociales, que no han seguido el cursus honorum tradicional, de matriz partidaria o gremial.
El fenómeno es sensiblemente diferente al que se dio en el menemismo, que buscó explícitamente reclutar personalidades del deporte, la música o la farándula para operar el relevo de los cuadros partidarios, raleados y desgastados durante el primer período de gobierno.
Los actuales liderazgos alternativos no parecen, al menos a simple vista, como prefabricados o fruto de una operación de marketing electoral, sino que se apoyan sobre medios y estructuras propias, buscan autonomía de decisión e intentan definir programas de acción independientes de determinaciones partidarias o estructuras jerárquicas.
Empresarios
Cabe preguntarse ¿cuál es el fermento social, el caldo de cultivo de los nuevos líderes políticos en la Argentina?
Para responder a esta pregunta en detalle, sería necesario disponer de herramientas de análisis (estadísticas, estudios) que quizá existan pero son de difícil consulta. Buscando una perspectiva más directa, lo que más resalta es la fuerte presencia de empresarios entre los candidatos a cargos políticos ejecutivos.
Pero ¿por qué los empresarios? Básicamente, porque son quienes combinan, exceptuando a las menguantes élites políticas, mejor visión de conjunto y mayor capacidad de acción. Los empresarios dirigen las instituciones que en la actualidad más se asemejan al Estado, quizá porque comparten origen histórico: las propias empresas.
Mucho más que los intelectuales, incapacitados en general para la conducción, y que los sindicalistas, que responden a una actividad reivindicativa y sectorial, son los empresarios quienes parecen mejor preparados para asumir el liderazgo político.
En general, estos hombres de empresa metidos a políticos son casi canónicamente calificados de “empresarios exitosos”. Ahora bien ¿en qué consiste eso de ser empresario “exitoso”? Naturalmente, “exitoso” no quiere significar lo mismo que “grande” o “poderoso”. Tampoco califica automáticamente para “exitoso” la condición de heredero de una importante fortuna o de un conglomerado de empresas.
La cuestión es saber qué quiere decir “empresario exitoso” en la Argentina: la expresión es bastante problemática y quizá habría que hacer una serie de precisiones que exceden los límites de una columna de opinión. En ocasiones, este éxito se debe en buena medida a una proximidad al poder político que no parece haber sido muy patriótica ni edificante.
Ventajas y desventajas
¿Cuáles son las posibles ventajas del liderazgo político de origen empresarial?
En principio, unas cuantas. Los empresarios poseen experiencia de gobierno en instituciones complejas, una visión más clara de los objetivos a conseguir, pueden generar, desde una idea de equipo, la idea del desarrollo del país como empresa común, y son capaces de conseguir -con menos prejuicios ideológicos y corporativos- la integración de actores sociales en los proyectos nacionales.
En un país con abundancia de recursos materiales y humanos, lo que parece ser de primera necesidad es la gestión de esos recursos, una cuestión de especialidad empresarial.
Finalmente, los empresarios poseen una fortuna personal que, en principio, hace innecesario el enriquecimiento con recursos públicos o relaciones desde el poder.
Las desventajas o inconvenientes son también numerosos, y parecen ser el calco en negativo de las ventajas, confirmando aquella luminosa idea que dice que donde está el peligro está también la salvación. El concepto de “bien común” es infinitamente más rico, complejo y difícil de conseguir que el de “maximización de beneficios”.
Es difícil que el empresario comprenda y asuma la complejidad superior característica del aparato del Estado y de toda comunidad política; sus modos ejecutivos directos pueden generar inestabilidad institucional, al chocar contra la sofisticada maquinaria de equilibrio del poder político propio del régimen democrático liberal; la consecución de objetivos en el gobierno político son de mucho más difícil evaluación, puesto que no se reduce a una cuenta de resultados; no dispone de una estructura burocrática que le vaya suministrando funcionarios, conforme van siendo consumidos por el ritmo de la función pública.
Finalmente, la disposición directa de poder, recursos e influencias del Estado puede ser una tentación para impulsar proyectos empresariales personales, haciendo aquello que no se puede hacer “desde el llano”.
Un horizonte posible
La experiencia de los empresarios en política es un fenómeno de dispar resultado.
La cultura política norteamericana, que posee incluso en sus formas más progresistas fuertes reflejos conservadores, ha rechazado intentos tales como los de Nelson Rockefeller y Ross Perot.
En la escena regional, las gestiones de Abdalá Bucaram, en Ecuador, Fernando Collor de Melo, en Brasil y Alberto Fujimori, en Perú han dejado -para decirlo delicadamente- más sombras que luces. Con el tiempo, será posible valorar con objetividad y distancia el reciente mandato de Vicente Fox en México.
El horizonte no parece del todo auspicioso. Tampoco es razonable esperar que surjan alternativas mejores que estos liderazgos emergentes.
La pregunta es ¿de dónde podrían surgir? Quizá el empresariado argentino no se haya destacado históricamente por su compromiso con los intereses nacionales, pero es lo que hay. Probablemente, lo que quede no sea sino la esperanza: una cosa es medrar a costa del Estado y otra muy diferente conducirlo.
En cualquier caso, descontada la buena intención de los nuevos dirigentes, no cabe negar que posiblemente sea la mejor manera de operar una renovación y regeneración del liderazgo político, que no puede provenir (por muchos motivos) de los jóvenes (esta es una esperanza muy difundida pero infundada, ingenua y peligrosa) sino de ciudadanos maduros que ya hayan ganado suficiente prestigio profesional y autoridad moral (además de fortuna, por qué no), como para dedicarle cinco o diez años de trabajo por entero al país.