Jaque deberá bajar 7 mil delitos para cumplir su promesa

Esa cifra representa el 30 por ciento de los registrados en el Gran Mendoza en los primeros seis meses de este año.

"Ya tenemos el mapa del delito de Mendoza. Dos años nos llevó. Es muy útil", decía el candidato Celso Jaque, con un mapa anaranjado de Mendoza a sus espaldas. "Hemos trabajado con especialistas de los países vascos y concluimos que para bajar la inseguridad debemos crear cuerpos especiales y quintuplicar los patrullajes", repetía una y otra vez desde la pantalla mientras las imágenes mostraban a uniformados y detenidos.

"Para implementar este plan hemos acordado con Cristina un presupuesto especial para Mendoza. Así, en seis meses, anunciaré la disminución del delito en un 30% y esto.... sólo para empezar", concluía con estudiada convicción en un spot que -en las dos últimas semanas de campaña electoral- contribuyó sustancialmente a "dar vuelta" la última elección, tal como lo confirma el seguimiento de la intención de voto que realizó el consultor, Enrique Bollatti.

Claro que no todo fue un aviso. También aportó mucho un candidato que disfrutó de la campaña, contra otro que pareció padecerla, en el marco de una disputa electoral entre oficialismos de distinto signo. Y fue fundamental la más lograda identificación publicitaria del PJ sobre la Concertación, con quien aportó los votos "desde arriba": "Con Néstor, Cristina y Jaque, gana Mendoza", se escuchó miles de veces. "Nunca quise que alguien se imaginara que tomé este asunto como si fuera el caballito de batalla para ganar una elección. Estoy convencido de que (combatir) la inseguridad se ha convertido en una necesidad y una obligación”, asegura hoy el gobernador Jaque. E insiste: “Cumpliré con mi palabra”.


Una mochila

Lo cierto es que el candidato le ha colocado una pesada mochila al gobernador. Es que el delito en Mendoza prácticamente no ha dejado de crecer en los últimos quince años, salvo el amesetamiento que se registró durante el gobierno de Roberto Iglesias (ver aparte), cuyos resultados no fueron ajenos a la reforma policial que propició su antecesor, Arturo Lafalla.

Actualmente hacer descender el delito significa torcer una tendencia histórica de aumento que alcanzó su máxima expresión durante los 90, cuando el índice delictual casi se triplicó en diez años. Bajarlo hoy un 30% en seis meses aparece -cuanto menos- como extremadamente complicado. Es que en cifras concretas, significa que habrá que impedir que se produzcan 7.000 robos, hurtos, lesiones y asesinatos antes del 9 de junio próximo. Y esto únicamente en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján, Maipú y Lavalle. Los números surgen de cifras relevadas por el Poder Judicial de la provincia en el área donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal. Allí, se registraron entre el 1 de enero y el 30 de junio 23.000 delitos.

A ello hay que agregar lo que suceda en los otros departamentos y los delitos federales en todo el territorio mendocino, lo que eleva la cifra por encima de los 100 mil hechos delictivos al año.

De cada 1.000 delitos que se cometen en el Gran Mendoza, 700 son robos o hurtos; 290 son lesiones dolosas (con intención) o culposas (por imprudencia) y 3 son homicidios.

Mendoza es la quinta provincia en cantidad de delitos, muy cerca de Santa Fe y de Córdoba, a pesar de que estas provincias tienen el doble de población.

La tarea de bajar la inseguridad arrastra una complicación política adicional: es que buena parte del nivel de estabilidad y de fortaleza del gobierno de Jaque durante los tres años y medio que le quedarán después del 9 de junio, dependerán directamente del cumplimiento de su promesa. Un eventual incumplimiento, haría cuesta arriba los tres años y medio faltantes. Por lo tanto, es mucho lo que está en juego en torno a la meta más ambiciosa en materia de seguridad con la que se haya comprometido un gobierno provincial desde la vuelta a la democracia.

Las medidas

Aun con dudas sobre un trabajo efectivo del gabinete de crisis íntegro antes de febrero -ya que el Poder Judicial estará de feria durante enero-, Jaque espera sacar de la Legislatura esta semana la ley de Emergencia en Seguridad, que irá acompañada de una campaña para amortiguar su impacto sobre el movimiento turístico.

Con esta herramienta, el Ejecutivo comenzará a disparar una seguidilla de compras directas de equipamiento policial, deportivo, de salud y educativo que tiene proyectado emplear en los operativos de desembarco coordinado de policías, asistentes sociales y enfermeros en los barrios más conflictivos o más necesitados del Gran Mendoza (ver página 5). Este plan ya se está preparando y se ejecutaría durante enero,

Es una incógnita todavía si Celso Jaque podrá bajar un 30% el delito en tan sólo seis meses. Pero él asegura que está dispuesto a intentarlo.