Un nuevo pedido internacional por el caso Garrido-Baigorria

Lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es para analizar lo hecho por el Estado hasta el momento. Ambos desaparecieron en el año 1990, durante el gobierno de Octavio Bordón.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante un escrito de trece páginas, conminó a la Provincia de Mendoza (en representación del Estado argentino) que "a más tardar, el 15 de febrero de 2008, presente un informe detallado acerca de las medidas que se tomaron para cumplir con las reparaciones ordenadas por la Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento".

El escrito, con fecha 19 de diciembre de 2007 y confeccionado en San José de Costa Rica, hace referencia al esclarecimiento de los crímenes de los albañiles Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, desaparecidos en manos de la policía local en el año 1990.

El pedido de la Corte está contemplado en una sentencia con fecha 27 de agosto de 1998 en la que el Estado argentino (en este caso representado por el Gobierno de Mendoza) se comprometía a pagar 220 mil dólares por el caso de estas dos personas desaparecidas.

En otro ítem de esa sentencia, se hacía referencia a que el Estado argentino debía buscar a los descendientes de los dos desaparecidos para darles el dinero, cosa que sucedió a medias: el dinero, aunque tarde, se pagó; pero no se dio con los descendientes (hijos extramatrimoniales) de Baigorria.

Un pedido de estas características se hizo a principios de enero de 2003, cuando el gobernador de la Provincia era Roberto Iglesias.

Pero el resultado -en cuanto a los avances- no fue el esperado y en esa ocasión el gobierno radical mostró todo lo que había hecho (ofrecimiento de recompensas, excavaciones), pero en todos los casos el resultado fue el mismo: negativo.

Con esta nueva solicitud, la gente de la Corte Interamericana pretende provocar en el gobierno justicialista de Jaque el entusiasmo que no vio en el mandato del radical Iglesias.

La investigación

En el apartado tres de la solicitud se hace clara referencia a que el "Estado debe investigar los hechos que condujeron a la desaparición forzada de Garrido y Baigorria y someter a proceso y sancionar a sus autores, cómplices, encubridores y a todos aquellos que tuvieron algo que ver en los hechos".

El caso Garrido-Baigorria, que el año que viene cumplirá su aniversario número 18, es uno de los más grandes dolores de cabeza padecidos por los gobiernos desde 1990 en materia de derechos humanos.

Los dos albañiles fueron detenidos el 29 de abril de aquel año en el Parque por efectivos de Investigaciones.

Fue durante el gobierno de Octavio Bordón, y nunca más aparecieron.

En 1996 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Provincia a pagar 220 mil dólares en calidad de resarcimiento.

Por este caso se le hizo un Jury de Enjuiciamiento al juez Enrique Knoll, quien llevó la causa en su momento. El hombre fue destituido, cuando ya era fiscal, en diciembre de 2000.

En octubre de 2002, en lo que se conoce como el último intento por dar con los asesinos de los albañiles, desde la Inspección General de Seguridad se tentó con una recompensa de cinco mil pesos para quien aportara datos a la causa.

Asimismo, en otro ítem de la solicitud, se menciona que cuando se dé cumplimiento a la sentencia, se dará por concluido el caso. En este sentido, lo poco y nada que se ha avanzado en la investigación es lo que hace que el suceso Garrido-Baigorria, a casi 18 años de haberse perpetrado, aún no sea archivado.

La resolución llegará al despacho del ministro de Justicia, Juan Marchena, los primeros días de 2008